En la madrugada del 4 de mayo de 2018, agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una operación antidroga en Benzú, Ceuta. Del arenal próximo a una de las viviendas situadas a pie de playa se llevaron una moto de agua, casi 40 kilos de droga y un detenido. Dos años y casi 9 meses después, esta persona es la única que sigue entre rejas, en prisión preventiva, ya que los cinco individuos que fueron arrestados en semanas posteriores quedaron en libertad con cargos. Todos ellos se están sentando estos días en el banquillo, acusados de tráfico de drogas, en el juicio que, en jornadas alternas, se celebra en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
La Defensa del único acusado que sigue entre rejas ha pedido, “ya por humanidad” -apunta-, que sea puesto en libertad, gozando de las mismas garantías que el resto de los acusados. Recuerda, en declaraciones a este periódico, que ha remitido una decena de escritos ante distintas instancias solicitando ese beneficio para su patrocinado sin éxito. La última petición se hizo este viernes, en una vistilla posterior a la celebración del juicio seguido para esclarecer este pase de drogas, con seis acusados entre ellos un componente de la Guardia Civil.
Su letrado expone que, a expensas de lo que decida el tribunal, no descarta acudir a otras instancias para poner de manifiesto lo que considera una injusticia. Entre esas instancias alude al Defensor del Pueblo para trasladar lo que no se ha cansado de denunciar: la discriminación de trato que, asegura, sufre su cliente, algo que se traduce en un “agravio comparativo” respecto de los demás implicados en esta causa.
En pleno Estado de Alarma la Audiencia prorrogó su prisión, sin estimarse la petición de la Defensa y contándose además con la oposición a esa puesta en libertad por parte del Ministerio Fiscal. La Acusación Pública mantiene la existencia de un entramado plural y desestructurado, cuyo objetivo era la distribución de hachís y del que formaba parte incluso un miembro de la Guardia Civil de Ceuta que suministraba información para asegurar que las operaciones no se vieran abortadas por la intervención de fuerzas policiales.
Habrá que esperar al próximo febrero para conocer el desarrollo de otra sesión -presumiblemente la última- en torno a esta causa.
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