La Asociación de Consumidores y Usuarios Halal de Ceuta,
ACOHACE, ha pedido a la
Ciudad un mayor control sobre la “opacidad fiscal y financiera” de los colegios de árabe y religión
islámica. En un comunicado recuerdan que como asociación se remitió el 7 de noviembre un escrito a la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, solicitando una revisión de los procedimientos que llevan a la concesión de fondos públicos a todas aquellas
organizaciones “que van por libre dedicadas a
impartir clases de árabe y religión islámica”, exponen en una nota. No hubo respuesta a tal comunicación por escrito girada por esta entidad. ACOHACE denuncia que los fondos públicos asignados a estas asociaciones “no tienen repercusión favorable en forma de descuentos en las cuotas que estas entidades cobran a las familias por los servicios educativos y de formación religiosa que ofrecen”. “Entendemos que los fondos recibidos han de tener como objetivo primordial mejorar las condiciones económicas de acceso de los menores a satisfacer sus necesidades educativas y religiosas, por lo que su asignación y concesión deben estar sujetas expresamente a la obligación de que las entidades receptoras de las mismas trasladen parte de ese beneficio a las familias, de modo que exista correlación estable y transparente entre la concesión de dinero público y la repercusión económica en los precios de las clases de estos menores”, indicó la entidad.
Lo que pide la asociación a la Ciudad
La Asociación pide que entre los requisitos de concesión de estas subvenciones se establezca la obligatoriedad de una reducción del 60% en las cuotas que pagan las familias por las clases de árabe y religión islámica que imparten las asociaciones que perciban subvención destinada a estos efectos. De igual manera pide que se obliguen como sujetos fiscales, tanto en lo que se refiere a los deberes inherentes a tal condición como a otros de carácter laboral, así como a la emisión de los oportunos recibos consignando en los mismos los impuestos inherentes al servicio prestado. Se solicita el despliegue de actuaciones de control y seguimiento con el fin de garantizar que el dinero público se destine al fin fijado “y no a actividades lucrativas sin perfil social ni fiscal”.