La acusación particular que representa a varias de las personas que aparecieron en la 'lista fantasma' de las 317 VPO de Loma Colmenar pedirá en la vista oral del
'caso Emvicesa' un total de 24 años de cárcel para el ex gerente de la sociedad municipal de Ceuta y exviceconsejero Antonio López, a quien atribuye siete supuesto delitos, seis continuados de malversación de caudales públicos (5), falsedad documental (5), prevaricación, cohecho (5), blanqueo de capitales (5) y tráfico de influencias y otro de organización criminal (4). Como "cabecilla de la organización criminal y máximo responsable" habría entregado con la complicidad de cinco 'captadores' a cambio de pagos previos "que se haya podido acreditar" viviendas de la promoción de 170 VPO de
Loma Colmenar "y lo intentó respecto de la de las 317, algo que quedó frustrado por su cese", a personas que pagaban "por necesidad o puro interés económico". A la luz de la instrucción efectuada se considera un hecho que "cuando los captadores tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios: los colaba en la lista de adjudicatarios o bien entregaba documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a la vivienda (los 'compromisos')". El escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, tilda de "llamativo" el caudal amasado por López, un aumento patrimonial que atribuye "a la inversión de los ingresos obtenidos de la actividad delictiva ejecutada, dado que no existe paralelismo entre los ingresos de dice percibir o que percibe con el nivel económico que mantiene". Además de penas de
cárcel se solicita para López un amplísimo abanico de penas de multas económicas por cientos de miles de euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público. Para tres de sus 'captadores' (otros dos están en busca y captura) se piden nueve años de cárcel por cohecho (5) y organización criminal (4). Esta acusación considera que "especial relevancia" tenían en esa red los cinco trabajadores de Emvicesa investigados, que actuarían "a las órdenes irregulares del cabecilla de la trama a sabiendas de que las directrices que tomaba y la selección de beneficiarios de las viviendas que éste hacía ni eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por la Comisión Local de la Vivienda". A pesar de ello, "lejos de negarse a cumplir dichas ordenes, las acataban a sabiendas de su injusticia, bien porque se beneficiaban de sus decisiones o bien por otros motivos que han quedado ocultos". Para cada uno propone 10 años de prisión por presuntos delitos de falsedad y malversación. A una de ellos se añade tráfico de influencias, sin pena de cárcel. Diez años de cárcel solicita por presunta falsedad, malversación y prevaricación para la ex consejera de Fomento, Susana Román, que fue quien con su denuncia de la 'lista fantasma' abrió las diligencias que han llegado hasta aquí. A los otros miembros de la Comisión Local procesados, Rabea Mohamed y Mohamed Ali, se les achaca tráfico de influencias, prevaricación y malversación (a pesar de que la Audiencia Provincial ha cuestionado su comisión) y se reclaman cinco años de prisión para cada uno. De acuerdo con esta acusación, ese órgano "no realizó proceso reglado en la promoción de las 170 ni en la promoción de la conocida 'lista fantasma', no fijó criterios de selección en ambas y no aprobó ninguna lista de adjudicatarios en la primera". A la ex consejera y Ali se suma que formaron parte de la Comisión cuando esta "entregó inmuebles a varios familiares suyos". Contra el que fuera gerente del PP, Jesús María González, estima que "procede proceder por un delito de tráfico de influencias [sin pena de cárcel], dado que utilizaba su relación con el partido político para conseguir de López una vivienda de protección oficial dado que era conocedor de que entregaba las casas a cambio de dinero o fuera de todo proceso legal".
En cuanto a la responsabilidad civil, esta acusación particular propone que los acusados tengan que indemnizar solidariamente a los perjudicados en la cantidad de 10 millones de euros. Para asegurar su pago en caso de condena plantea que se obligue a "abonar o prestar fianza de cualquier forma válidamente admitida en derecho".