Piden 3 años de cárcel para la maestra del ‘San Agustín’ acusada de maltrato

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el colegio, pese a ser “conocedor” de los hechos, no adoptó medidas.

La Fiscalía solicita un total de tres años de cárcel para la maestra del Colegio San Agustín sobre la que desde hace más de un año pesa una orden de alejamiento de varios alumnos del centro. Su escrito de acusación le imputa dos presuntos delitos: contra la integridad moral, contemplado en el artículo 173 del Código Penal; y de maltrato, recogido en el 153.2; y agravante de superioridad.
Por el primero pide una condena de dos años de prisión y la prohibición de “aproximarse y comunicarse” con doce alumnos durante tres años, así como “suspensión del ejercicio docente en cualquier centro público o privado” durante el tiempo de la condena. Por el supuesto delito de maltrato solicita otros doce meses de prisión, prohibición de acercarse y contactar con un estudiante durante tres años e idéntica pena profesional accesoria. Igualmente propone que se impongan las costas.
Siempre de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, “desde el inicio” del año académico 2014-2015 la docente, “valiéndose de su posición y con intención de atentar contra la integridad de los alumnos, era habitual que sometiera a menores de tres años a castigos severos y humillaciones que afectaban a su normal desarrollo”.
“El comportamiento de la acusada con sus alumnos excedía de su derecho de corrección, atentando contra la dignidad personal de los menores”.
Concretamente, el Ministerio Público detalla que un día la maestra agarró a un niño por la oreja “causándole lesiones consistentes en pabellón auricular entematoso” que no precisaron tratamiento médico.
El Colegio San Agustín “pese a ser conocedor de dichos comportamientos, no adoptó medidas al respecto, contando con seguro de responsabilidad civil”. Es por ello que la Fiscalía solicita que la acusada y la aseguradora, solidariamente, y el centro, de manera subsidiaria, deberían pagar 60 euros a un niño por las lesiones y al resto “por los daños morales que se determinen en ejecución de sentencia”.
El auto de apertura de juicio oral (será en octubre) ha declarado “la responsabilidad civil directa y solidaria de la acusada y del colegio y subsidiaria de la aseguradora” y ha requerido a los dos primeros una fianza de 50.000 euros.

Peticiones de las acusaciones particulares

Las familias de dos de los niños presuntamente maltratados por las docentes también han presentado escritos de acusación ante el Juzgado solicitando la apertura de juicio oral. Una de ellas imputa a la acusada un supuesto delito de trato degradante y otro leve de lesiones con agravante de alevosía y solicita dos años de cárcel e inhabilitación especial, dos meses de multa a razón de diez euros por día y el pago, por parte del colegio, de 18.000 euros. Otra familia se inclina por imputar un delito de trato degradante (dos años de prisión, tres de alejamiento y de suspensión del ejercicio docente y que el ‘San Agustín’ pague 50.000 euros).

La Dirección sabía que se metía a niños en la papelera, según la UVFI

La Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) de Ceuta emitió durante la fase de instrucción de la causa un informe psicológico en el que concluyó que “se aprecian indicadores compatibles con una situación de maltrato físico y psicológico, siendo el relato de los menores congruente con experiencias vividas de manera habitual”.
“De los relatos de algunos de los menores se desprende que han vivenciado castigos físicos y humillantes en la escuela”, señala el análisis del equipo de especialistas de la Administración de Justicia, que explica que aunque la acusada solo reconoció haber metido a un niño en papelera “una vez” y la “inmovilización” en un carrito de bebé, en sus declaraciones “se aprecia cómo percibe a los menores de manera negativa, tratando como problemas de disciplina los comportamientos propios de etapa psicoevolutiva y las características particulares de cada uno “hipoacusia, síntomas de hiperactividad y déficit de atención”.
A renglón seguido, considera que “la puntualidad de los hechos que relata [la maestra] no concuerda con el relato de los menores, que lo cuentan de tal manera que parecen corresponder a experiencias vividas de manera habitual dentro del aula”.
“De las declaraciones del Equipo Directivo se aprecia que eran conocedores del castigo de la papelera”, añade.