La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha instado al equipo psicosocial de la Administración a emitir informes socio-familiares sobre los menores que están siendo objeto de exploración en las diligencias que desde finales del año pasado se instruyen contra un
ya ex profesor del Colegio San Agustín investigado por la comisión de presuntos delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos sexuales. Según han informado fuentes judiciales, la magistrada pretende recabar un informe más amplio de los menores que incluya su ámbito social y familiar. Con anterioridad, la instructora del caso ya había requerido que se emitiera informe pericial por parte de dos psicólogos del equipo técnico tras el examen de cinco menores con el propósito concreto de hacer una evaluación en cuanto a su posible condición de víctimas de un delito contra la libertad sexual, grado de credibilidad de sus relatos y, en su caso, secuelas psíquicas que pudieran derivarse de tales hechos. La familia de un estudiante denunció a la Guardia Civil en noviembre el comportamiento “extraño” del veterano docente, que ya se encontraba en situación de jubilación parcial, con “invitaciones a restaurantes caros, regalos y decenas de mensajes cada día” al teléfono móvil del menor, en el que encontraron peticiones de fotografías de índole sexual.
El investigado se mantiene desde el principio en no declarar
El ex profesor investigado se ha acogido desde que fue detenido, el pasado mes de noviembre, y posteriormente puesto en libertad, a su derecho a no declarar, postura que ha mantenido hasta la fecha sin variaciones. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita detuvo al profesor, registró su domicilio y se incautó de diverso material informático que una vez revisado dio pie a la aparición “muchas” fotografías de menores con contenido sexual y desnudos explícitos tomadas tanto en el ámbito escolar como en entornos privados que para la instructora han supuesto “indicios fundados de la comisión, cuando menos, de un delito de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos sexuales”. A finales de enero, con los primeros dictámenes de los expertos tecnológicos de la Benemérita, dictó una orden de alejamiento del colegio.