Pide una casa ante el Ayuntamiento y termina sentado en el banquillo

Mohamed llevaba 7 días acampado cerca del Ayuntamiento reclamando, con una pancarta, que se le diera una vivienda porque desde que se separó de su mujer está residiendo en la calle o donde encuentre refugio. Lo encontró durante un tiempo en los barracones del Sardinero. Ayer pendía una condena sobre él, después de que el 13 de febrero de este año la Policía Local lo terminara desalojando del lugar ya que sus cartones impedían a la empresa Trace baldear la zona. Mohamed se plantó frente a la puerta del Ayuntamiento o, como ayer declaró, “la Casa del pueblo” y de allí se lo tuvieron que llevar hasta cuatro policías locales en un zeta a las 7:30 horas para no entorpecer el acceso de las personas. Su pancarta, cartones y medicación terminaron en la basura, con los demás residuos recogidos por Trace.

“Soy una persona, no un animal”, declaró ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, lamentándose por la forma en la que se le había tratado. Insistió en que era incierto que impidiera la entrada de personas al Ayuntamiento y que él solo quería “pedir mis derechos. Desde 2007 estoy en la calle, solo pido una vivienda”, aclaró, negando haberse encarado con los policías como reza la acusación por la que fue citado a declarar.

Dos policías prestaron manifestación. Uno para indicar que se les requirió por parte de Trace para que Mohamed A.M. se retirara del lugar, apostillando que este comenzó a gritar, insultar y que hasta que pasaron 40 minutos no pudieron terminar el servicio metiéndolo entre cuatro policías en un zeta. Otro agente coincidió en lo narrado pero rebajó el hecho de que hubiera existido algún acometimiento.

La magistrada dictó sentencia absolutoria in voce toda vez que no quedo acreditado que la actuación del acusado pudiera quedar contemplada en un hecho delictivo. Su Defensa había informado en este sentido, aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo que considera que el delito de desobediencia no tiene cabida en el derecho de manifestación.

De hecho consideró que un acto así pudo haberse ‘despachado’ con una sanción administrativa y no con un procedimiento judicial que terminó activando toda esta maquinaria.