Está muy claro que las administraciones se han rendido en la
lucha para que no existan los ‘listos’ de turno que tiran de picaresca para saltarse la normativa de la salida de Ceuta solamente por cuestiones de trabajo, fuerza mayor o cuestiones médicas. Hace dos meses aproximadamente fue una cuestión que sirvió para una reunión entre la Delegación del Gobierno y la
Ciudad Autónoma de Ceuta, con el añadido de los responsables de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Una de las conclusiones por la que optaron fue la creación de un grupo de trabajo, quizás por aquello de si quieres que algo no funcione crea una comisión. Lo cierto es que llegaron a reunirse pero nunca se supo de que se tomara alguna decisión.
Cuando por parte de las administraciones se decidió en el mes de noviembre la suspensión de las
salidas y que se debería mostrar a la Guardia Civil la documentación que justificara la necesidad de cruzar el Estrecho en dirección a la Península resulta que viendo ya que se producían alguna falta de solidaridad por parte de determinados ciudadanos que, en definitiva, buscaban pasar en la Península el fin de semana, se determinó que quienes lo hicieran por una consulta médica al regreso deberían entregar el justificante de haber asistido.
La verdad es que fue una medida que tampoco se llevó a la práctica o, en todo caso, de manera aleatoria porque eran muchos los que enseñaban el justificante médico para salir pero nadie les pedía el otro volante para el regreso.
Se llegó a crear un grupo de trabajo que no sirvió para que se tomaran medidas
El mismo presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas,
cuando compareció el viernes para hablar de la actual situación sanitaria ya volvió a hablar de la necesidad de la responsabilidad de la ciudadanía a la hora de inventarse citas médicas para lograr abandonar Ceuta. Se reconocía en la práctica que la lucha contra esos insolidarios se había perdido de manera clara.
Al final, ha quedado demostrado que la picaresca de una parte de la ciudadanía ha sido superior a la posiblidad de control por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran destinados en la zona portuaria para estos controles.