El consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda una carta en la que expresa nuevamente su oposición a los criterios de distribución de los fondos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego. Pese a las gestiones realizadas desde que se dio a conocer el texto, el Ministerio mantiene la exclusión de Ceuta de la distribución de estos fondos, lo que, tal y como manifiesta el consejero en su carta, supone “un vicio constitucional” al “conculcar el principio de igualdad”. En la misiva Francisco Márquez afirma no encontrar un argumento legal que justifique “la exclusión” de Ceuta, “máxime si lo que se pretende es articular un procedimiento de reparto en tanto el Impuesto sobre el Juego no se constituya como tributo cedido, tal como afirma el documento de base presentado para su estudio por el Grupo de Trabajo”. Y todo ello teniendo en cuenta que la Ciudad participa en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y que los ingresos que se reciben por este concepto son transferencias del Estado y no tributos cedidos.
Por ello, Márquez propone al Consejo de Política Fiscal y Financiera la modificación de la propuesta de acuerdo con el fin de que Ceuta y Melilla, al igual que el resto de autonomías, participen de la distribución de los fondos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre el Juego. Esta postura será defendida esta tarde en la reunión del CPFF, a la que asistirá el consejero y que presidirá la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.
A este argumento legal se une, además, el competencial, ya que la Ciudad Autónoma tiene encomendada la supervisión del cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, y de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta gestión se realiza ya sin que la Administración local perciba ni un céntimo de los rendimientos que deja esta actividad económica, y el nuevo texto legal está lejos de poner fin a esta situación.
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