Mañana vence el plazo “improrrogable” de “quince días naturales” que la Fiscalía de Ceuta dio el pasado 18 de febrero al director territorial del Ingesa, Jesús Lopera, para proporcionar la lista de todas las personas vacunadas en su ámbito competencial, entre ellos el propio Lopera, con nombres y apellidos (información hurtada en la relación remitida a la Consejería de Sanidad), así como “expresión de sus grupos de vacunación, categoría laboral y adscripción actual al correspondiente servicio o departamento y fecha de administración de la primera y segunda dosis”.
El Ministerio Público ha encargado a la Policía Judicial de la Policía Nacional que, “una vez recabada y completada la documentación”, elabore “el correspondiente informe sobre la posible detección de irregularidades observadas durante el proceso de vacunación”.
La Fiscalía de Ceuta pedía en febrero a la Policía Nacional que solicitase al director territorial del Ingesa toda la información sobre las personas vacunadas en su ámbito de gestión, puesto que la autoridad judicial veía insuficiente la relación ‘encriptada’ bajo números de DNI que se facilitó Lopera a los grupos de la oposición en la Asamblea y pedía tener, además, todo el "expediente administrativo incoado en relación al proceso de vacunación contra la COVID-19, resoluciones (escritas o verbales) recaídas con expresión de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado, criterios seguidos en relación a dichas vacunaciones y relación de las personas vacunadas hasta la fecha, con expresión de sus grupos de vacunación, categoría laboral y adscripción actual al correspondiente servicio o departamento, fecha de administración de la primera y segunda dosis".
La polémica de las vacunaciones fuera del protocolo sanitario saltó al panorama mediático a raíz de la polémica surgida con la recepción de dosis por parte del ahora exconsejero de Sanidad, Javier Guerrero.
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