El personal laboral de la
Administración de Justicia, incluyendo Ceuta, colectivo formado por psicólogos, trabajadores sociales y educadores forenses, junto a peritos judiciales, traductores–intérpretes, técnicos en Anatomía Patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento, denuncia el “maltrato” que sufren y convocan huelga para este 24 de mayo. “No tenemos otra alternativa”, aclaran. Así que se plantarán
en huelga con la esperanza de que el Ministerio se siente a negociar unas
condiciones dignas de trabajo. Esta movilización está motivada por las “décadas” en las que este colectivo viene soportando, entre otras cuestiones, “una significativa brecha salarial con respecto a otros empleados públicos de la misma categoría y grupo profesional”, exponen. Entre las quejas que afectan de forma sangrante al colectivo figura que a
estos trabajadores “se les exija una gran especialidad técnica” y que su intervención revista “una importancia elevada dado su campo de actuación dentro del entramado judicial”.
Un papel importante en la administración
Por un lado, los psicólogos forenses, trabajadores sociales forenses y educadores sociales forenses intervienen en cuestiones tan sensibles para la ciudadanía como la
violencia de género o
agresiones sexuales, valorando a agresores y a víctimas mediante análisis de credibilidad del testimonio o valoración de la peligrosidad, entre otros. Intervienen también en procesos de separación y divorcio contenciosos, alternativas de custodia, regímenes de estancia padres-madre-hijos o modificaciones de medidas. “Sin olvidar que su intervención es preceptiva en todos los casos de delincuencia de menores, elaborando informes, analizando las medidas judiciales más adecuadas, asistiendo a los juicios o proponiendo soluciones extrajudiciales como las conciliaciones entre menores y víctimas”, detallan. “El trabajo indispensable que realizan los peritos judiciales en el ámbito penal sirve no sólo para determinar el daño efectivamente ocasionado, sino también para calificar el delito, como responsabilidad civil, autentificar documentos y bienes… siendo sus conclusiones en las propias sentencias de los tribunales”, apuntan los afectados.
Los peor pagados con diferencia
El colectivo de los traductores–intérpretes está presente en juicios y declaraciones, especialmente en asuntos penales y finalmente la labor de los técnicos de Anatomía Patológica es vital para la realización de autopsias, conjuntamente con los médicos forenses. “El
Ministerio de Justicia destina grandes cantidades de dinero para externalizar (privatizar) algunos de los servicios que prestan estos profesionales, con ampliaciones de créditos sin ningún control sobre dichos gastos, siendo necesario que se acabe con estas privatizaciones y se opte por la cobertura y/o creación de las plazas necesarias para cubrir la carencia de personal que también arrastra este colectivo”, denuncia el colectivo. “Siendo un pilar fundamental de la Administración de Justicia, el Ministerio, incomprensiblemente, lejos de reconocer su labor e importancia para el buen funcionamiento de los juzgados y tribunales mantiene desde hace décadas la desvalorización de este colectivo, profesional y retributivamente, siendo dentro de los empleados públicos de Justicia, los peor pagados con diferencia”.