Una periodista española denuncia el abandono en el que se encuentra en Marruecos

El pasado domingo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El secretario general de las Naciones Unidas llamaba a los Gobiernos a garantizar que los periodistas pudieran realizar su trabajo durante la pandemia del COVID-19 y, posteriormente, ante la amenaza de la otra pandemia que nos invade: la de la desinformación. “La prensa nos brinda el antídoto: noticias y análisis verificados, científicos y basados en la realidad. Pero desde que comenzó la pandemia, muchos periodistas están siendo objeto de mayores restricciones y castigos tan solo por hacer su trabajo”, manifestaba António Guterres.

Pero compañeros comunicadores como la vallisoletana Elena López Gómez están viendo flagelados sus derechos. Derechos que aparecen recogidos en uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal”, recoge el tercero de ellos, mientras que el quinto dice: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Elena jamás pensó que algo así podía pasarle a ella cuando se mudó en septiembre del año pasado a Marruecos para dar clases de español en el Centro Cultural Lerchundi, perteneciente a la Iglesia católica. “Me dijeron que iba a estar tres meses de prueba y que después me hacían el contrato”, ha relatado en una entrevista con El Faro de Ceuta. Un contrato que nunca llegó. El primer mes comenzó a dar clases en Tetuán, pero en octubre la mandaron al centro de Martil, donde comenzó su “verdadera pesadilla”.

Quizás 42 minutos de conversación no son suficientes para poder ponerse en su piel y entender el calvario por el que ha pasado. Elena está demasiado nerviosa porque ya no puede más. Lleva viviendo en la calle un mes y medio, “viviendo una película de Almodóvar”, como ella misma reconoce.

Una “situación dramática” que comenzó cuando en octubre se mudó a Martil, donde tuvo que alquilar un piso. Cuando Elena llegó a la ciudad no conocía a nadie, y “aunque todos lo saben y ahora ya lo sé”, no sabía que su casero “alquilaba diez pisos, pero solo declara uno. Todo en negro, se saca unos 30.000 dírhams mensuales. Además los pisos no están a su nombre, sino al de su madre, y con el tiempo me di cuenta que solo le los alquila a prostitutas y a estudiantes porque aquello era un correteo de hombres todo el día para arriba y para abajo”, ha relatado.

No obstante, Elena tiene su contrato de alquiler totalmente legal. Sus problemas con el casero comenzaron cuando en marzo ella le pidió los recibos de octubre a febrero. Ahí, comenzó su tortura. “Empezó a dar golpes a mi puerta porque ya no quedaba nadie, a gritarme y de todo. Yo siempre me iba por la mañana y regresaba a las once de la noche porque él estaba ya dormido”, comenta nerviosa.

Además, como Elena “estaba dando problemas” al pedirle los recibos, el propio casero, asegura, quemó el piso. Todo para buscar el contrato de alquiler y destruirlo, pero no lo encontró. “Cuando se quemó el piso ni la Policía de Martil ni bomberos me avisaron. Me enteré cuando volví a mi piso por la noche. No pude entrar al edificio porque ese día el casero puso otra cerradura en la puerta de abajo”, cuenta Elena desesperada.

“Al día siguiente, declaré cuatro horas en la Comisaría de Policía, con un traductor que era amigo de ellos seguro. ¡Qué fuerte! La Policía me decía que era yo la causante del incendio. Me hicieron firmar una declaración de cuatro páginas en árabe y no me dieron ni copia ni recibo de número de mi declaración ni nada. Pude haber firmado que soy prostituta, drogadicta o del DAES”, ha proseguido.

También tuvo problemas con el casero, que “ha estado en la cárcel”, antes del incendio. “Cambiaron la cerradura, me cortaron el agua y la electricidad. Entonces, empecé a tirar cosas por el patio y a decirles que tenía batería en el móvil para cuatro horas más, que como no me pusieran la luz iba a llamar a la Policía”, ha contado.

Cada vez que va a la Comisaría se burlan de ella y la amenazan. "No debes colgar vídeos en Facebook con mentiras, no debes hablar de tu situación, es un problema de la Embajada de España, debes volver a tu país", cuenta Elena. Además, cada vez que presenta una denuncia no le dan ni copia ni número denuncia.

La Policía cada vez que va le pregunta si tiene contrato de alquiler y “saben perfectamente que sí porque lo tienen en su móvil, le hicieron foto”. También, le preguntan si paga el alquiler y “saben perfectamente que sí”. Incluso, Elena cree que le están investigando su Facebook y las publicaciones que sube para denunciar su situación. “Mucha gente me ha escrito por Facebook diciéndome que lo que único que quiero es protagonismo, que estoy loca y me lo estoy inventando todo”, cuenta emocionada.

“La Policía solo me pagó dos noches de hotel y después se inventaron que el hotel estaba cerrado. No es verdad, conozco al dueño, es amigo mío y muchas veces ha abierto por las mañanas solo por si yo necesito quedarme ahí y porque, claro, a él le viene muy bien el dinero y más en esta situación con todo lo del coronavirus. El hotel además está en la misma calle que la comisaría, a treinta metros. Están todos compinchados con el casero, no lo han llevado a Comisaría ni una sola vez”, ha insistido Elena. Incluso, la Policía le decía a la gente que le ayudaba que no hablaran con ella.

En marzo le prohibieron andar por la calle y la llevaron a un centro de acogida de Martil “para que no dé el espectáculo en la calle”. “La dueña me dio una habitación sin puerta. Era la única persona que tenía una habitación sin puerta. Otra chica que estaba albergada tenía su habitación con llave. Por las noches subía a hombres”, ha proseguido Elena.

“Un día me empezó a pegar, me quería quitar el móvil y la grabadora porque sabía que yo grababa muchas cosas. Me pude encerrar en el cuarto de baño y llamar a la Policía. Vinieron del ayuntamiento y me obligaron a firmar un documento como que yo dejaba el centro por razones personales. Tuve que irme porque la señora me acusó de tener corona, tener SIDA, beber vino, consumir droga allí y de pasearme en ropa interior delante de los hombres. Además, me obligaban a beber té con azúcar sabiendo que soy diabética”, continúa Elena.

Pero esto no acaba aquí. “La semana pasada mi casero me dio una paliza de muerte. Menos mal que vivo en un tercero y mi piso da al exterior, sino me hubiera matado antes”, cuenta. La periodista y profesora tiene todas sus pertenencias en su piso y mil euros, por lo que más de una vez ha intentado ir.

El martes pasado “al pegar una copia del contrato en la puerta” el casero, su madre y la esposa la agredieron de nuevo. “Me cogieron por los pies entre los tres y casi me matan. Tengo el parte médico de agresión. Acabé con un diente partido, moratones por todo el cuerpo y brechas en la frente”, explica aterrorizada. La Policía de Martil vio sus heridas y el parte médico y “no han hecho nada”.

“Menos mal que tengo amigos marroquíes que me han enviado algo de dinero porque estoy pidiendo dinero en la calle. Hay que reconocer que los marroquíes son muy buenas personas y me están tratando muy bien. Hay gente que me ha dado de comer, me han dado algo de dinero o me han dejado pasar la noche o simplemente ducharme y algo de ropa. Además, en una mañana pidiendo puedo conseguir unos 50 dírhams. Recojo fruta y verdura del suelo en los mercados de Tetuán y de Martil”, comentó la profesora, periodista y escritora. Ahora se encuentra en un pequeño hotel en Tetuán que le están pagando unos amigos, pero tiene miedo porque cree que “no es seguro pasar demasiado tiempo en un mismo lugar”.

Además, la Policía de Martil le cuenta todo tipo de mentiras al Consulado español de Tetuán. “La Embajada de España y el Consulado España de Tetuán no hacen nada. No contestan mis llamadas ni tampoco los correos electrónicos, se hacen los longuis. La Embajada al principio me decía que tenía que llamar a los consulados, que eso no era competencia suya, pero no hacen nada. Incluso, me dicen que estoy en situación ilegal. Cuando me ve la Policía Nacional del Consulado mira para otro lado”, explica.

Elena está muerta de miedo. Antes de quedarse en ningún sitio, se pasea una hora y media por el lugar para ver si es seguro. “Cuando escucho pasos, rezo para que no sea el casero, un familiar o un amigo suyo”, relata. Le gustaría volver a su piso y recoger sus cosas, pero no es seguro. “Un día me tira por la ventana, por la terraza o por las escaleras, cierran el portón de abajo y será un suicidio por depresión y listo”, cuenta.

La única solución que el Ministerio del Interior marroquí le ha ofrecido es poner la denuncia pertinente ante un Tribunal de Primera Instancia. “Pero si a mí me quitan la vida, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Del Consulado, de la Embajada o del Ministerio del Interior de Marruecos?”, continuó con total serenidad. Elena ha estado callada mes y medio, pero no quiere hacerlo más. Pretende salir a denunciar su situación en todos los medios que sea posible para pedir ayuda a las ONG.

Ha sido una humillación continua la que ha sufrido, ni siquiera sabe cómo todavía sigue viva. Pero, en España ni su familia ni su pareja saben de su situación porque su madre y sus tíos son mayores y “les daría un infarto”. Elena López Gómez es escritora de libros como ‘Solo él me llama Marina di Beirut’ o ‘De los destellos de Oriente en Castilla’, además de profesora, actriz, traductora y periodista freelance en el periódico NHU de Madrid y especializada en el mundo árabe. Elena estuvo en Líbano durante la Guerra con Israel en 2006. “Estaba a diez kilómetros de las bombas. Bombardearon mi barrio y creo que estoy aguantando esto porque soy periodista de guerra, sino ya me habría muerto”.

Si alguien quiere ayudar con ropa, comida, dinero, alojamiento o simplemente permitiéndole que tome un baño, puede ponerse en contacto con ella en su whatsapp: 00 212 6 23 45 36 83 o por correo eléctronico: arts8marina@gmail.com.