El dictamen emitido por la perito a la que se encargó pronunciarse sobre si el Gobierno de la Ciudad llevó o no por los cauces legales reglamentarios las obras de reforma de la
Gran Víade Ceuta y su entorno ha concluido que en base a toda la documentación analizada el proyecto fue correctamente tramitado como “de obras ordinarias y otras actuaciones urbanísticas”, por lo que a su juicio no era necesaria “la aprobación inicial por órgano componente ni la exposición pública”.
La número 35 del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COACE), Noelia Beltrán, a la que se encargó la pericial, que desde el primer momento se intuyó clave para la evolución de las diligencias, entiende que el jardín vertical que se proponía instalar al principio de la Gran Vía tenía “carácter provisional, estando permitido dicho uso por las Normas Urbanísticas”; y que la “escultura ornamental mediante pórticos de arcos de medio punto” que enmarcará los restos del convento de los Trinitarios enfrente de la Asamblea “no contraviene el PGOU ni el PERI de la Gran Vía”.
“A la pregunta de si las obras contravienen expresamente el PGOU en los términos que expresa la denuncia”, plantea el informe, la respuesta es que no.
En primer lugar, porque la peatonalización de dos calles, Pepe Durán y Valentín Cabillas, se plantea “en un solo sentido de circulación a modo de rotonda”, por lo que “no impide la circulación de los coches ni el uso exclusivo peatonal, por lo que las obras en este aspecto no contravienen el PGOU”. La perito sí reconoce que en la memoria descriptiva del proyecto se daba pie a “una interpretación errónea” al respecto al hablar de “la peatonalización de dichas calles sin más especificación” en la página relativa a la propuesta de actuación en la Plaza Nuestra Señora de África.
En la memoria descriptiva se contempla “la reforma de la calle Valentín Cabillas y la calle O’Donnell” y “la peatonalización de las calles Valentín Cabillas y Pepe Durán”, mientras que en la constructiva se precisaba que se trataba de “limitar a un solo carril de circulación actuando la plaza a modo de rotonda sin expresar unilateralmente el uso exclusivo peatonal de esas calles”.
Sobre el concreto supuesto de si el arquitecto Jesús Gentil, que declaró como investigado, podría haber obrado en contra de lo estipulado en el PGOU informando favorablemente el proyecto de obras ordinarias, la pericial también considera que no, pues la realizada se tilda de “actuación diligente”. “Obras ordinarias”
Sobre el fondo de la cuestión, si las obras y su tramitación vulneraron el PGOU y el PERI al no ser tratadas como proyecto de urbanización sino de obras, Beltrán también alcanza una conclusión negativa.
Desde su punto de vista “es un proyecto técnico que engloba las obras necesarias para la reforma, conservación, reposición de instalaciones existentes y ejecución de otras actuaciones provisionales o no, en suelo urbano propiedad de la Ciudad Autónoma sin que su redacción la deba asumir la iniciativa privada”.
La perito que aceptó pronunciarse en las Diligencias 53/2018 opina que “la redacción corre a cargo de la Ciudad como promotor de las mismas, según la memoria del proyecto, por lo que no hay una distribución de cargas y beneficios de los costes que conllevan las mismas sino que todo es a cargo público. Es por ello”, remacha, “que queda justificado el carácter de obras ordinarias” y no de proyecto de urbanización.
Caballas veía un presunto interés “electoral” en la ejecución veloz
A juicio de Caballas, según refirió en su denuncia, fue la “urgencia del PP, que no de la ciudadanía”, la que hizo al Gobierno “apartarse del interés general y de la legalidad vigente” y “utilizar de manera torticera y fraudulenta todos los mecanismos y resortes que le concede el poder con la intención de dar apariencia de legalidad a lo que no es más que una campaña electoral sufragada muy generosamente con fondos públicos”. Sobre el papel, los trabajos tendrían que haber estado terminados el pasado mes de marzo, justamente dos meses antes de las últimas elecciones autonómicas. Finalmente su ejecución se ha demorado y en el mejor de los casos no habrán concluido hasta noviembre, según las últimas estimaciones.
Casi dos años de la redacción del proyecto por un técnico de Procesa
El proyecto de obras ordinarias de reforma de la Gran Vía y su entorno fue redactado por parte del arquitecto de Procesa, Ángel Moreno, en octubre de 2017 por encargo de la Ciudad Autónoma.
El 19 de ese mismo mes, el entonces director general de Presidencia, Manuel Sánchez, pidió que se informase sobre si el proyecto era “conforme a la normativa vigente” y el ex titular de Fomento, Néstor García, trasladó el requerimiento a los técnicos al día siguiente. Lo recibió “favorable” el 13 de noviembre en forma de informe de Rafael González Orozco.
La Sección de Patrimonio de la Consejería de Educación se pronunció ese mismo día, en un informe de Fernando Villada, sobre la posible existencia de elementos declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) afectados directamente, posibilidad a la que respondió que no.
Con ambos documentos en su poder, Sánchez pidió otro informe “para que se califiquen las obras del proyecto” y la tramitación del expediente. Jesús Gentil rubricó en apenas dos días un escrito en el que las consideró “ordinarias”.
Sin solución de continuidad, el 17 de noviembre fue la técnico de Administración General Aurora Visiedo la que certificó que “no es necesaria la obtención de licencias de obras de la Ciudad, que el proyecto se ajusta a la normativa urbanística establecida y que se consideraban como ordinarias”.
La Comisión de Patrimonio Cultural de la Ciudad informó de manera igualmente favorable el 5 de diciembre sobre el entorno de protección de la Catedral y dos semanas después, justo antes de Navidad, el 22 de diciembre de 2017, se firmó el Decreto en virtud del cual se encargó la ejecución de los trabajos a Tragsa.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a quien Caballas señaló como instigador último de hacer las obras a toda prisa por interés electoral, siempre ha defendido que “no se ha cometido ningún delito”. “Tengo una plena confianza en la Administración de Justicia y en los servicios jurídicos y técnicos de la Ciudad que informaron el asunto”, repitió en reiteradas ocasiones.