La consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, señaló ayer en el Senado que con el problema de los Mena (menores no acompañados) “se estaba asumiendo no sólo la desprotección de los menores de nuestro territorio, sino las situaciones de desprotección generadas en otro país, y que afrontamos resolviendo, de este modo, un problema de un tercer país”.
Pérez compareció ayer por la tarde en la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción Nacional y otros temas afines del Senado, ante la petición del senador de nuestra ciudad, Nicolás Fernández Cucurull.
Hizo una comparativa con Andalucía estableciendo que en la actualidad hay 137 menores extranjeros acogidos en los centros de Ceuta, mientras que al otro lado del Estrecho son 835, “cuando tenemos 137 menores para una ciudad con un presupuesto de 260 millones de euros frente a 835 para una administración como la andaluza que tiene un presupuesto de 33.800 millones de euros, el presupuesto de Ceuta durante ciento treinta años”.
Refleja que no solamente se trata de menores magrebíes y subsaharianos que huyen de la miseria, sino también trabajadoras transfronterizas que abandonan a sus hijos en Ceuta y de niños con enfermedades irreversibles que desbordan las “posibilidades de un territorio que no tiene nada más que setenta y siete mil habitantes”.
Cuenta que las dificultades para Ceuta no son únicamente presupuestarias, puesto que “si el objetivo del proyecto migratorio de cada menor es su integración social y laboral, en Ceuta, con una economía asentada casi exclusivamente en el sector terciario y una tasa de paro del 28,5%, con nueve mil quinientos desempleados en una ciudad de setenta y siete mil habitantes, carecemos de empresas colaboradoras que faciliten el acceso al mundo laboral”.
De todas maneras habla de que tanto los problemas de la familia como de la infancia son una prioridad para el Gobierno ceutí, “puesto hemos reorganizado nuestros servicios, se han creado nuevas unidades de atención, hemos contratado a más personal especializado, disponemos de un programa de alojamiento alternativo con mil beneficiarios y ofrecemos ayudas técnicas a personas mayores y hemos puesto en marcha el denominado Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), una renta para familias en riesgo de exclusión”.
Otro de los problemas que también preocupaban en su discurso a Carolina Pérez fue la cuestión de la tutela. Así aludió a que durante 2009 asumieron la tutela de setenta y un menores, de los cuales sesenta eran no acompañados.
Refleja que uno de los obstáculos que presenta Ceuta en materia de acogimientos preadoptivos está directamente relacionado con el reducido tamaño del municipio, de ahí que manifieste que para que no se produzca la ruptura de vínculos con la familia de origen, “se hace absolutamente imprescindible la colaboración con otras comunidades, a las que solicitamos familias idóneas, seleccionadas al efecto”.
Por esa razón habló de un nuevo procedimiento que garantice la integración de los menores en sus nuevas familias. En primer lugar, hay un acogimiento provisional que se formaliza con familias de otras comunidades, tras una breve fase de acoplamiento del niño en Ceuta y siempre que el resultado de los primeros contactos sea satisfactorio. Tras la citada formalización el menor pasa a convivir con la familia seleccionada fuera de Ceuta. El tiempo de esta fase depende de la Ciudad de Ceuta. Luego se solicita un informe al servicio de la comunidad competente y si es positivo se propone promover ante el Juzgado el acogimiento simple.
Preocupación en nuestra ciudad por la declaración de desamparo
En relación a las especificidades de Ceuta recogió la consejera que es necesario analizar la declaración de desamparo que se está realizando. Desde su punto de vista no puede ser automática. Indica que el desamparo se ha de acreditar por los organismos públicos de protección caso por caso y tras la tramitación del oportuno expediente informativo, se pretenden alcanzar tres fases. De todas maneras, reconoce que no todos los expedientes abiertos acaban con una declaración de desamparo, “porque muchos resultan archivados por no haberse confirmado suficientemente las circunstancias que motivaron su incoación o por haberse modificado aquellas a lo largo de la tramitación del expediente”.
Refleja que la notificación de la situación de desamparo de los menores se realizan a través de los Consulados, pero denuncia que en la mayoría de los casos se desconocen los datos relativos al domicilio familiar. Analiza que los Consulados no realizan gestiones para localizar a las familias por lo que la declaración de desamparo de los menores es en la mayoría de los casos desconocidas para los padres.
