Como trabajador por cuenta ajena que fui, soy uno de los más de diez millones de españoles que perciben una pensión de la Seguridad Social. No me quejo de su cuantía, al contrario, pero, he de aclarar que estoy lejos de disfrutar esas cuantiosas prebendas o superpensiones que la opinión pública atribuye a quienes han sido Diputados o Senadores. Pese a haber sido lo uno y lo otro durante tres legislaturas, mi pensión, calculada en su día conforme a lo cotizado en los últimos quince años de vida laboral, es unos trescientos euros más baja que la pensión máxima. No es oro todo lo que reluce.
Hace unos días recibí la ya célebre carta firmada por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que me notificaba el incremento del 0,25% en mi pensión. En general, dicha carta no difería en nada respecto de las recibidas en los cuatro años anteriores, ya que desde 2014 viene aplicándose ese porcentaje.
Esta vez, sin embargo, pensé que la carta era un lamentable error; que lo dicho en las anteriores ya no valía; que se deberían haber invocado argumentos convincentes para justificar tan minúscula subida... No sé; quizás alguna alusión a las dificultades del sistema público de pensiones tras la prolongada crisis, alguna referencia al hecho de que los sueldos de los funcionarios han estado congelados; haber explicado que la subida del 0,25% implica un gasto añadido total de trescientos millones de euros al año; aludir al hecho de que el abono de las pagas extras en los dos últimos años acabó con la socorrida hucha y, además, supuso un déficit de treinta y cuatro mil millones de euros, indicar que durante los cuatro años anteriores no se perdió poder adquisitivo (lo que es cierto), dejar una puerta entreabierta a la esperanza… En cierto modo, y con una capacidad de convicción que tantas veces se ha echado de menos en la acción del actual Gobierno, dar a entender que siente no haber podido subir algo más.
"No me gustó la carta y, por lo que está sucediendo, compruebo que tampoco satisfizo a pensionistas indignados"
No me gustó la carta y, por lo que está sucediendo, compruebo que tampoco satisfizo a infinidad de pensionistas indignados (y utilizados por los que disfrutan como enanos cuando ven juntas a muchas personas cabreadas y por quienes creen ser los únicos representantes legítimos de la “gente”, todos ellos pensando en sacar tajada electoral). Los pensionistas se están manifestando multitudinariamente, rompen la carta; protestan por la pérdida de poder adquisitivo que supone tan reducida subida, fruto de aquella decisión de no actualizarlas conforme al Índice de Precios al Consumo /(IPC) sino por algo abstracto denominado “índice de revalorización”. Sin ir más lejos, el IPC de noviembre del año pasado (el del mes que se usaba a estos efectos) ascendía a un 1,7%, prácticamente el resultado de multiplicar por siete la subida ahora establecida. De haberse aplicado el criterio del IPC, dicha subida habría significado un gasto anual añadido de más dos mil cien millones de euros, imposible de asumir en la actualidad. Y es que el pago de las pensiones se ha convertido ya en el mayor gasto de los Presupuestos Generales del Estado. La cuarta parte del total, por encima de todo lo demás. Y, lo que es peor, ahora, en un momento tan complicado, los afectados extienden su protesta contra “las pensiones de miseria”. Éramos pocos y parió la abuela.
Existe una gran preocupación por el futuro del sistema público de pensiones. Al alargamiento de la esperanza de vida que viene experimentándose –esa generosa prórroga que estamos viviendo ya muchos españoles- se unen, por un lado, el descenso en el índice de natalidad y, por el otro, la urgente necesidad de incrementar el número de cotizantes y también los sueldos, al igual que aumentar la edad de jubilación, todo ello para poder mantener el sistema, elevando la cuantía de la recaudación y retrasando el comienzo del pago de las pensiones. Pero habrá que hacer algo más.
Parece muy difícil conseguir dichas metas. Hay quienes pretenden solucionarlo todo con la creación de un impuesto especial a la banca, sin tener en cuenta que ésta lo trasladaría “ipso facto” a sus clientes y que, en cualquier caso, hay miles y miles de personas que han invertido sus ahorros en acciones bancarias con la esperanza de conseguir un rédito anual a través de los correspondientes dividendos. La realidad resulta tan complicada como tozuda, y las pensiones del sistema público tienden a ir a menos. De ahí el interés del Gobierno en promocionar la inversión del ahorro en planes privados, tan criticada ante el hecho de que son muchos los españoles que llegan difícilmente a fin de mes o, aún peor, los que ni siquiera llegan, pero –aunque no sea la mayoría- hay una parte que sí puede ahorrar. Dicen que ocho millones de personas ya tienen concertado su plan privado, y potencialmente ha de haber otra apreciable cantidad con capacidad para hacerlo, máxime si se produce la deseable y, a la vez, previsible mejora en el número de ocupados y en los salarios.
"Se palpa a nivel popular un evidente cansancio respecto de las medidas de austeridad"
Se palpa a nivel popular un evidente cansancio respecto de las medidas de austeridad que hubieron de aplicarse para poder salir de la grave crisis económica que nos afectaba, así como un deseo generalizado de pasar página ya, al considerarla vencida. No hay conciencia de que, si bien se ha conseguido superar lo peor con el esfuerzo de todos, todavía no hemos terminado de salir de ella. Ahora, al ver la movilización de los pensionistas, es cuando la Ministra Fátima Báñez ha declarado que “aún no hemos salido del hoyo”, pero que se estudian medidas para tratar de solucionar el problema. Si lo hubiese hecho antes, quizás habría menos enfado.
Total, que en plena creencia popular de que ya se acabó la crisis, la cartita de marras -con la quinta repetición del 0,25% y la ausencia de una adecuada presentación de la medida- ha sentado como un tiro a infinidad de pensionistas, llegando a movilizar a multitud de personas de la tercera edad que jamás hubieran pensado acudir a una manifestación de protesta y romper el cordón de seguridad policial ante el edificio del Congreso de los Diputados. Así de mal se han puesto las cosas.
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