Visto para sentencia quedó el juicio contra O.O., como principal acusado, L.M., Y.E.B. y A.F. por un delito de inmigración ilegal y falsedad documental. Pese a haber sido notificados personalmente, ninguno de los cuatro acusados se personaron en el juzgado para la vista oral que tuvo lugar en la mañana de ayer en la Sala de lo Penal número 2.
No obstante, al ser un delito cuya pena requerida es inferior a los dos años, ni el Ministerio Fiscal ni la defensa se opusieron a celebrar el juicio en ausencia de los acusados.
Los hechos por los que se les acusan ocurrieron el pasado 9 de mayo, cuando O.O. se encontraba en el control de preembarque de vehículos de la estación marítima de Ceuta con el propósito de embarcar con dirección a Algeciras a bordo de su vehículo, llevando como pasajeros a los otros tres acusados con la pretensión de introducirlos en la península de manera ilegal, a cambio de un cantidad económica que no se ha especificado, siendo conocedor de que ninguno de ellos tenía la documentación necesaria para poder ingresar en territorio español, portando documentos pertenecientes a otras personas con la finalidad de poder burlas los controles de acceso.
Al ser requerida la documentación por parte de la Guardia Civil, fue O.O., como conductor del vehículo, quien entregó los documentos de todos, además de los billetes para ingresar al ferry, los cuales se habían comprado de manera consecutiva. Los agentes se percataron de que las identificaciones de los tres pasajeros pertenecían a otras personas, por lo que procedieron a la detención de todos.
Todos los hechos recogidos en el escrito de acusación fueron ratificados por el guardia civil que acudió ayer como testigo al juicio. El Ministerio Fiscal solicita para O.O. la pena de 7 meses y 15 días de prisión por el delito de inmigración ilegal y un año de prisión y 1.080 euros por el de documento falso.
El principal acusado cuenta ya con antecedentes penales por otras causas, por lo que de ser condenado, deberá ingresar en la cárcel. Para el resto de acusados, se piden 6 meses de prisión y una multa de 270 euros por el delito de falsedad de uso, teniendo en cuenta que en la declaración recogida en la instrucción, la cual fue leída durante la vista oral, los tres reconocían los hechos.
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