El
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha dejado en mano de las comunidades autónomas que un alumno pase de curso sin límite de asignaturas suspensas. Así se indica en el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria -en el contexto de la pandemia de
coronavirus-, que se aprobó este martes pasado en Consejo de Ministros. El documento recoge modificaciones a la hora de establecer los criterios de evaluación y promoción en
educación primaria, secundaria y bachillerato, dejando estos en manos de las administraciones autonómicas y de los centros. Con respecto a las evaluación, este documento indica que "las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados". En segundo lugar, establece que los centros, de acuerdo con lo regulado por la comunidad autónoma, podrán modificar, de forma excepcional, los criterios de promoción de un alumno al siguiente curso. Esto se aplicara en todos los cursos, desde educación primaria hasta la promoción de primera a segundo de bachillerato. Lo que se valorará en estos casos será la evaluación global y no el número de materias suspensas. Según la actual Ley de Educación, los alumnos tendrán que repetir curso si hubieran obtenido suspenso en tres o más asignaturas, o si las materias con calificación negativa fuesen 'Lengua Castellana y Literatura' y 'Matemáticas' de forma simultánea. Los sindicatos se han hecho eco de esta información y han mostrado su opinión al respecto. Así, desde CSIF se exige que se concrete el número de materias suspensas para poder pasar de curso, tal y como se ha venido estableciendo en las leyes educativas y que no se deje a criterio del centro. Y, por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) considera que esta medida puede ser polémica y critica que el Ministerio ha dejado de nuevo en manos de las comunidades autónomas esta competencia cuando le corresponde a ellos.
CSIF pide la dimisión de Celaá: ocultó al Consejo Escolar y a los sindicatos la nueva norma para obtener titulaciones con suspensos
La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por ocultar al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores la nueva norma que permitirá obtener titulaciones con suspensos. "Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad", ha explicado CSIF. Para este sindicato, el Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria agravará los problemas estructurales advertidos por la OCDE en un nuevo informe publicado esta semana. Por esta razón, los servicios jurídicos del sindicato están analizando su posible impugnación. En concreto, el último informe PISA de la OCDE alerta sobre la escasez de personal docente, siendo esta la causa de una pérdida del rendimiento del alumnado y avisa sobre el déficit de infraestructuras y recursos tecnológicos en los centros. Por ello, en lugar de rebajar el nivel de exigencia para el alumnado, CSIF insiste que la pandemia lo que exige es una reforma urgente de la educación para incrementar el gasto educativo en 21.000 millones de euros y alcanzar así la cifra de los 74.687 millones en el conjunto del Estado (el 6 por ciento del PIB). "Proponemos un refuerzo educativo urgente y más apoyo al alumnado en vez de rebajar el nivel de exigencia para aprobar", añaden. "Exigimos que se concrete el número de materias suspensas para promocionar, tal y como se ha venido estableciendo en todas y cada una de las leyes educativas y que no se deje a criterio de cada CCAA y centro, lo que provocará más desigualdades", continúan, a la vez que critican que las medidas aprobadas ahora "se suma el despropósito de eliminar el requisito del máster para dar clases durante la pandemia porque es un parche coyuntural que no contribuye al objetivo de reforzar la calidad de nuestro modelo educativo". Desde CSIF siguen avisando al Gobierno: los centros carecen de personal sanitario; faltan medios de protección; las ratios continúan muy por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad; el refuerzo de personal interino es insuficiente. Los fondos Covid-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista, tal y como exigimos.