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La partida de 7,2 millones del Estado ya está en la agenda del Consejo de Ministros

Chandiramani asegura que les han comunicado que ya es solamente establecer la fecha de su aprobación y recordó que también en el expediente de modificación de crédito hay una partida de 450.000 euros para compensar a Hadú Almadraba de las pérdidas que ha tenido

El Gobierno de Ceuta tiene confianza de que los 7,2 millones de euros del año 2020 que debe abonar el Estado, procedente de los convenios de producción de agua y del hecho fronterizo, sean abonados pronto. Y es que la Consejería de Hacienda ha tenido noticias de que ya figura en la agenda del Consejo de Ministros y lo único que queda por establecer es la fecha exacta en que pasará por la reunión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, explicó que conocían estas últimas noticias y que estaban en contacto con el Ministerio de Política Territorial para tener con exactitud el día concreto de su visto bueno.

Recordemos que cuando por parte del Gobierno central se aprobó que Ceuta contaría con 25 millones del Fondo COVID ya se comunicó desde el Ministerio de Hacienda que se abonarían los 7,2 millones de estos convenios pero concretamente los de 2020, ya que los del año 2019 ya se dan por perdidos tanto por parte de la administración central como por parte de la administración autonómica.

Entonces se comunicó que se aprobarían en un Consejo de Ministros durante el mes de julio, pero distintos trámites burocráticos lo han retrasado, pero parece que, ahora mismo, ya es solamente cuestión de semanas.

Autobuses


En este segundo expediente de modificación de crédito también figura una partida cercana al medio millón de euros, concretamente, 450.000 que servirán en su momento para compensar a la empresa Hadú Almadraba de las pérdidas que ha tenido como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Quiso reflejar la consejera de Hacienda que esta cantidad está pendiente, tal y como les comunicó el consejero de Fomento y Turismo, que es el competente en materia de transportes urbanos, de una habilitación por parte de la Administración General del Estado, de donde saldrían los correspondientes fondos.

Hay que recordar que uno de los apartados del fondo extraordinario que aprobó el Gobierno de la Nación existía un apartado concreto destinado a sufragar estas pérdidas de las diferentes empresas de transporte.

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