Parar a los soberanistas catalanes

El problema soberanista de Cataluña cada día se agranda y se agrava más, adquiriendo ya proporciones que por todos lados desbordan el marco constitucional. Lo llevo repitiendo demasiado tiempo en muchos de mis artículos, porque es una situación que no hace sino enconarse cada día de forma ya insostenible, de manera que cuando algunos políticos caigan en la cuenta de que el único remedio es parar de una vez por todas a los soberanistas catalanes, para entonces, mucho me temo que sea ya  tarde. Y es que, aquí no se trata  de una pretensión política que, por muy aberrante y descabellada que sea, al menos, sea planteada democráticamente ante el Parlamento español, como lo que en su día hizo el que fuera lehendakari del País Vasco, Ibarretxe, compareciendo ante las Cortes Generales y manifestando claramente a toda España que querían la “libre asociación” con soberanía compartida. Aquel Plan Ibarretxe fue votado en el Parlamento español habiendo sumado 19 ridículos votos a favor, al lado de la astronómica cifra de 313 votos en contra, con lo que quedó claro que era ampliamente rechazada por los representantes del pueblo español como único titular de la soberanía nacional. Pero los dirigentes vascos dieron la cara y dijeron de forma clara lo que querían. Luego,  contra el vicio de pedir prevaleció la virtud de no dar en tan irresponsable como improcedente pretensión. Aquel planteamiento, fue correcto en la forma, sin provocación, sin ir a forzar las cosas, sin chantaje, sin mentira y sin engaño.  Luego fue rechazado por inconstitucional, incongruente e irracional, como era lógico y razonable, porque la Constitución lo prohibía.
Pero el caso de Cataluña, aun siendo idéntico en el fondo, es radicalmente distinto en la forma. Aquí se trata de que a unos cuantos (la última encuesta arroja que de cada cuatro residentes en Cataluña, tres rechazan su independencia) les ha dado un ataque de delirio soberanista, y por fuerza tiene que ser lo que ellos quieren, la ruptura radical con España, a toda costa, pase lo que pase, con razón o sin ella, digan lo que digan la Constitución, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y todas las demás instituciones del Estado. Todo eso se lo saltan ellos a pie juntillas, a la torera y poniéndose la altanería, el chantaje y la provocación por montera; retan y desafían a todas las instancias, desobedeciendo ya abiertamente a los poderes estatales. Y lo hacen de manera tan cínica que, encima, se presentan como víctimas propiciatorias de lo que ellos mismos cada día deliberadamente promueven y fomentan, pretendiendo trasladar a España la misma irresponsabilidad que ellos originan, presentándose como los buenos y al resto de los españoles como los malos que les tratan como un pueblo oprimido, perseguido y sojuzgado al que el resto de España pisotea sus derechos y sus libertades según ellos mismos se inventan, proclamando sin rubor que son los que pagan más impuestos y que España les roba, pese a que ya en otro artículo acredité que era exactamente al revés. Usan de una especie de mitología soberanista basada en la propaganda totalitaria que va desde la más descarada falsificación de la historia de Cataluña hasta la exclusión de todo el que no encaja en su pensamiento único y radical soberanista. Se quejan de que Franco les prohibiera hablar en catalán, y ahora ellos no permiten que quienes viven en Cataluña se eduquen en castellano. De todo le echan la culpa al Estado español y a los brutos españoles. Nada más declarar recientemente el Tribunal Constitucional la suspensión de su declaración de soberanía, van y piden amparo a la Unión Europea porque – dicen – que “en España  la democracia se tambalea”, que hace falta tener rostro, cuando son ellos los que quieren a toda costa forzar la ruptura al margen de la. Han dilapidado el generoso presupuesto que España les entrega para resolver sus problemas, son una de las Comunidades más endeudadas, han impuesto drásticos recortes, el copago en Sanidad y autovías, han multiplicado el paro, miles de personas en Cataluña tienen que comer en centros de la Iglesia, etc; pues bien, todos esos males, fruto de su ya probada ineptitud e ineficacia, siempre se los imputan a la maldita España que les quita lo que es suyo. Y, de paso, van y piden a las arcas nacionales hasta 5.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica que les entregó en 2012, y para 2013 amplían su petición casi hasta el doble y ahora que se les permita un mayor déficit, como si su rebeldía fuera subvencionada; cuyos fondos públicos del Estado los utilizan para ir contra el mismo el Estado, pero sin resolver ninguno de los graves problemas que sufre el pueblo catalán. En fin, cada día peor que ayer, pero mejor que mañana, y sin dejar de tensar más la cuerda para entretener a la gente y tapar con humo sus propias vergüenzas. Es el “dame pan y después te muerdo la mano”. Y ahora hasta están estudiando  “ceder su defensa a Francia y crear su propio ejército”.
A costa de lo que España les entrega, han creado ya toda una red de instituciones ilegales y en clara oposición al Estado, tendente a materializar paso a paso su construcción soberanista. Así, han creado un llamado Consejo para la Transición Nacional, para asesorar a la Generalidad en la organización de la consulta sobre su inventado “derecho a decidir”. Han engendrado un Comisariado del Tricentenerario de la “guerra de sucesión” de Felipe V, que - como todo -  ellos luego lo retuercen y llaman “guerra de secesión”, en la que dicen que les robaron su soberanía catalana que jamás tuvieron. Han aprobado una Comisión sobre un supuesto Derecho a Decidir, apoyada por CIU, ERC, ICV, CUP y PSC, para consensuar el camino hacia su pretendido referéndum que a toda costa y contra la ley quieren celebrar. Han creado un llamado Consejo de la Diplomacia Catalana, que es una red formada para difundir su proyecto de soberanía y tratar de crear complicidades internacionales sirviéndose también de las ilegales “embajadas” catalanas. Se han inventado un llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, para integrar las formaciones políticas que apoyan la transición nacional catalana. Han iniciado ya los trabajos de creación de su propia Hacienda Catalana, para disponer de una Agencia Tributaria propia que recaude todos los tributos en Cataluña, sin pasar los mismos por las arcas del Estado, para que ellos se lo guisen y ellos se lo coman. Han iniciado la creación del Banco Nacional de Cataluña, mediante la transformación del Instituto catalán de Finanzas. Y ahora que el Tribunal Constitucional les acaba de suspender su declaración de que son un sujeto jurídico y político soberano, el mismo día declaran que esa Comisión está vigente y que el pueblo catalán no tiene miedo a esos 12 magistrados, porque ellos siguen adelante con su “hoja de ruta” hacia la independencia.
Y esto último es bastante más grave que lo que a simple vista parece, dado que se trataba de un acuerdo parlamentario que declaraba a Cataluña como “sujeto jurídico y político soberano” que, como ya analicé jurídicamente en otro artículo, es tanto como declararse sujeto de Derecho Internacional dentro del concierto de las Naciones. Y, en todo y por todo, ellos van exclusivamente por libre, a lo suyo, sin inquietarles ni perturbarles tan acérrimo empeño ni nada ni nadie, siempre chantajeando al Estado con sus continuas amenazas de independencias para que les den más y más en su avaricia por la “pela”. Así se están ganando a pulso la animadversión del resto de España e incluso de los propios catalanes de bien, que hay muchos. Así, vulneran continuamente la Constitución y las leyes, sin arredrarse lo más mínimo por muchas y sonadas sentencias que dicten el Tribunal Constitucional y los demás Tribunales de Justicia. Pero, además, lo hacen creando problemas, tensiones y divisiones con las demás Autonomías, diciendo un día que si Andalucía y Extremadura pagan el PER con el dinero que los catalanes les dan, tildando a andaluces y extremeños de vagos y malnacidos; otro día arremetiendo contra Aragón y Baleares sobre el idioma, que hasta de los dialectos más raros y recónditos se quieren apropiar como suyos aunque se hablen sólo en otros territorios; hasta a Ceuta y Melilla ha tratado Mas despectivamente a cuenta de que le suspendieran el euro del copago farmacéutico. Y esa división y esa tensión la crean también dentro del mismo pueblo catalán, favoreciendo a los que están con su causa y represaliando con multas y de forma dictatorial a todo el que se les opone, ya sea en la lengua, rotulación en castellano de los comercios, etc.
Y no hay Delegado del Gobierno que se atreva a hacer cumplir allí la ley y las numerosas sentencias de los Tribunales de Justicia que ellos tienen a gala desacatar, ya sea en materia lingüística, de acuerdos ilegales adoptados por instituciones catalanas, de hacer cumplir la Ley en el uso de la Bandera Nacional, etc. Es decir, estamos ante una Cataluña que se crece y avasalla a España y, a la vez, ante un Estado español que se arruga ante tan provocador desafío. Y un Estado democrático y de Derecho está legitimado para hacer que la Constitución y las leyes se cumplan, y no como si tuviera temor a enfrentarse a la realidad de los problemas los que ejercen el poder por el que tanto apego político sienten.  Pienso en lo que se reirán en los demás países de nosotros, al ver tanta dejación y abandono respecto a nuestros propios símbolos, que hasta en el país más bananero elevan a la máxima expresión de su orgullo patriótico y nacional. Quienes tienen por obligación hacer cumplir la Ley, no puede mirar para otro lado, no deben dejar de hacer y hacer pasar con tal de que el sillón no se les mueva. El Estado constitucional tiene instrumentos jurídicos y de poder para parar los pies de una vez por todas a esas cuantas mentes calenturientas que se han embriagado de soberanismo. Y esos instrumentos se tienen para utilizarlos cuando la gravedad de las circunstancias lo aconseje, siempre de forma racional, ponderada y democrática, pero en aplicación de la ley y la legitimidad que a todo Gobierno  democrático confiere el ordenamiento jurídico. Más el delirio de esos independentistas desborda ya todo lo habido y por haber; es que están constantemente provocando y chantajeando al Estado de Derecho; es que eso ya raya con la rebelión, la desobediencia, la insumisión, el desacato, etc. Y el Estado debe ya plantarse leerle bien leída la cartilla a esos dirigentes catalanes que tan irresponsablemente están poniendo en peligro la paz, la unidad y la seguridad de España y del mismo pueblo catalán; y, tras advertirles seriamente de las graves consecuencias que de ello podrían derivarse si no deponen tan obcecada actitud, pues que se proceda de la forma que la Constitución y las leyes prevén; y es que, de no hacerlo así, cada día que pasa el problema se irá haciendo mayor y más difícil de resolver. El Gobierno no puede refugiarse en tanta  prudencia, que tiene sus límites, para hacer dejación tantas veces de sus  obligaciones. Es por ello, que por el bien de España y de todos los españoles (incluidos los catalanes), el Estado no debería mostrarse con tanta pasividad ante un problema tan grave del que tan imprevisibles consecuencias pueden derivarse. Es hora ya de que España pare al soberanismo de Cataluña.