El paraíso

Días atrás el gobierno de la Junta de Andalucía anunciaba la supresión del Impuesto de Patrimonio (IP) en la comunidad. En su anuncio, el presidente hacía un arriesgado y provocador llamamiento a los empresarios catalanes para que se vinieran al “paraíso andaluz”. De forma casi simultánea, la presidenta de la Comunidad de Madrid saludaba la medida y les daba la “bienvenida al paraíso”. El goteo de “rebajas fiscales” de las comunidades gobernadas por los conservadores no ha hecho más que comenzar. Veamos qué implicaciones van a tener estas medidas y qué dice la Ciencia económica al respecto.

Por lo pronto, la rebaja fiscal del gobierno andaluz supondrá una rebaja de 6.000 euros al año a los 17.000 andaluces más ricos, lo que implica un regalo de 100 millones al 0,2% de la población de la comunidad. Dinero que acabaremos pagando todos en forma de deterioro de los servicios públicos. Porque ¿alguien se cree que esta medida implicará un aumento de la recaudación fiscal? Aunque aún es pronto para evaluar sus efectos, sí se dispone de algunos estudios sobre el caso de Madrid, y otros, que de forma general nos muestran que la competencia fiscal entre países o entre regiones no genera crecimiento económico, sino todo lo contrario.

El “dumping” fiscal de Madrid sí afecta al resto de España (Martínez-Toledano, Agrawal y Foremny, 2021). Así, entre 2011 (fecha de comienzo de la bonificación del IP en Madrid) y 2015, el número de personas con un patrimonio superior a los 700.000 euros aumentó en Madrid, mientras que cayó en el resto de las regiones. No obstante, los declarantes del impuesto de patrimonio que se mudaron a Madrid fundamentalmente eran “rentistas” mayores de 65 años y no empresarios, por lo que el argumento de que la rebaja iba a dinamizar la economía no resulta justificado. Ahora bien, sí es cierto que Madrid obtuvo un promedio del 4% más de recaudación por IRPF desde 2011, como se explica en este estudio, a consecuencia de que los patrimonios altos pagan IRPF por sus rentas, principalmente de capital, y un 50% de los ingresos por IRPF se lo quedan las regiones.

Pero además, las rebajas fiscales de Madrid también afectaron a la desigualdad. Así, entre 2010 y 2015 el crecimiento de la concentración de patrimonio del 1% más rico en Madrid fue casi el doble del incremento que se dio sin movilidad de riqueza. Es decir, las rebajas fiscales de Madrid por el IP afectan sólo al 0,5% más rico de España, que concentra un 19% de la riqueza neta del país, mientras que la perdida de ingresos y la potencial reducción del gasto público a consecuencia de ello afecta a la población en su totalidad. En definitiva, la capacidad recaudatoria de las comunidades fue debilitándose desde 2011, llegando a perder de media un 5% de la recaudación de dicho impuesto en 2015, que en Madrid se compensó por el efecto de la externalidad fiscal del IRPF.

Es decir, se está cumpliendo la promesa de los conservadores andaluces de que la rebaja de impuestos en el tramo autonómico del IRPF y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dejaría en manos de los ciudadanos la cantidad de 620 millones en toda la legislatura. O dicho de otro modo, restaría del presupuesto público esta misma cantidad, que pondría en riesgo la atención del sistema social de bienestar. Ahora se incrementa con la supresión del IP.

Por lo pronto, la rebaja fiscal del gobierno andaluz supondrá una rebaja de 6.000 euros al año a los 17.000 andaluces más ricos, lo que implica un regalo de 100 millones al 0,2% de la población de la comunidad

En el libro “el desorden neoliberal” (P. Montes 1996) se hablaba ya de la denominada “contrarreforma fiscal”, que comenzaban a aplicar los conservadores y neoliberales, que al amparo de la teoría de Laffer postulaban reformas fiscales para estimular el ahorro, otorgando a las empresas todas las ventajas y abaratando el factor trabajo, lo cual conllevaba cambios en la distribución de la renta y en el reparto de la carga impositiva. Sin embargo, en una situación de crisis postpandemia y de guerra como la actual, debe de recurrirse nuevamente a los postulados keynesianos para implantar sistemas fiscales de fuerte poder recaudador, cobrando fuerza los impuestos directos, como los de la renta, por su progresividad, en detrimento de los impuestos indirectos, que graban el consumo, como el IVA, pues ahí todos pagamos igual, aunque fundamentalmente los pobres, que son los que dedican casi toda su renta a consumir. En este sentido se han pronunciado los organismos internacionales y la propia Unión Europea.

La presión fiscal en España está situada en el 35,4% del PIB, por debajo de la media de la UE (41,1%), según datos de Eurostat. De la misma forma, está por debajo de países como Alemania (41,3%), Italia (43,5%), Noruega (42,4%), Suecia (43%) o Dinamarca (47,6%). Sin embargo, está por encima de Estados Unidos (25,5%), que es uno de los países con peor calidad de su sistema público de bienestar, o de Reino Unido (32,4%), cuyo deterioro de los servicios públicos sanitarios o de pensiones va en aumento. Y nuestros niveles de deuda, están también dentro de los límites razonables y controlables (116,83% frente al 120% en 2020). Por tanto, desde el punto de vista técnico, no hay razones para una rebaja fiscal en estos momentos en las Comunidades, que finalmente repercutirá en un detrimento de fondos públicos estatales, cuando el Estado tenga que acudir en su ayuda.

Estamos, por tanto, ante dos modelos y dos formas de entender el Estado de Bienestar. Una, la de los conservadores, que pretende adelgazar el mismo y privatizar todo lo que se pueda. La otra, que pretende incrementar nuestras prestaciones, situando nuestra presión fiscal lo más cercana posible a la media europea, o incluso más allá, a nivel de los países escandinavos más avanzados. Ambas son legítimas. Que cada uno decida la que más le conviene.