Se acaba de publicar un informe demoledor del Consejo de Europa, en el que se indica que España se encuentra entre los países europeos que más retrocede en protección social, desde que en 2007 estalló la crisis financiera. Le acompañan en esta aventura, Portugal y Grecia. Pero también países que no están especialmente perjudicados por la crisis financiera, como Alemania, Finlandia o Reino Unido. Lo realmente novedoso es que alertan de que, aunque la crisis económica sea grave, ello no debería ser excusa para retroceder en las políticas sociales. Especialmente en lo referido a la protección sanitaria de las personas más vulnerables, como los inmigrantes en paro. Desde sus orígenes, la denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha pasado por distintas etapas. Hay consenso en que el concepto de sostenibilidad que formuló la Comisión Brundtland en 1987: “El desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”, tiene cada vez más partidarios. De esta forma, la integración transversal de las dimensiones económicas, sociales, medioambientales, laborales y de respeto a los derechos humanos, comienza a ser fundamental para una gestión empresarial responsable. La iniciativa de la Unión Europea, a través de la comunicación de la Comisión que recoge la estrategia para 2011-2014 sobre responsabilidad social de las empresas, estableciendo como nueva definición de RSC la de “acciones de las empresas que van más allá de sus obligaciones jurídicas hacia la sociedad y el medio ambiente”, supone un nuevo y vigoroso impulso al desarrollo sostenible.
Sin embargo, cada vez son más alarmantes los datos sobre desigualdad en el reparto de la renta y riqueza del planeta. Según el informe Global Risks 2014 del Foro Económico Mundial, el desempleo y subempleo juvenil en el mundo, con más del 50% de los jóvenes de algunos países desarrollados buscando trabajo, junto con la brecha crónica entre los ingresos de los ciudadanos más ricos y los más pobres, será uno de los riesgos que causarán graves perjuicios a escala mundial en la próxima década. En España, por ejemplo, los directivos incrementaron sus retribuciones en un 6,9% en 2013, mientras que las de los mandos intermedios caían un 3,8% y las del grueso de los empleados lo hacían en un 0,4%; a pesar de por entonces aún no se vislumbraba el milagroso cambio de tendencia que todos anuncian ahora.
Ejemplos de comportamientos responsables e irresponsables, de Gobiernos y de empresas, los hay. Me han llamado la atención especialmente dos. Uno referido al del Gobierno de Islandia. El otro concerniente a la actuación de la Banca española. En el caso de Islandia, que hemos de recordar fue el único país que dejó caer a sus bancos cuando comenzó la crisis financiera internacional, la preocupación de su primer ministro es la cifra del 4% de desempleo actual, que la considera demasiado alta (en España se supera el 25%). Su objetivo es llegar al 2%. Pero además, han creado un plan para destinar un 7% de su producto interior bruto al alivio de las deudas hipotecarias, que sufragarán, en parte, con impuestos a los bancos.
No podemos decir lo mismo de la grave irresponsabilidad, bajo mi punto de vista, en la que está incurriendo la banca española (con el consentimiento del Gobierno nacional), al continuar con su política restrictiva de concesión de créditos a las pequeñas empresas y a las familias de nuestro país. En el editorial del diario El País de ayer mismo, se dan datos, ya conocidos, respecto a la política seguida por las entidades financieras españolas, que han estado recurriendo a préstamos al 0% de interés del BCE, colocándolo después en deuda nacional a 10 años, al 4% de interés. La consecuencia evidente de esta política es el aumento de deuda en cartera (más allá del 10% de sus activos, según la misma información) y la de relegar el crédito a uno de los últimos lugares del negocio bancario. En definitiva, opciones de política económica europea, contrarios a los intereses de los ciudadanos.
A pesar de lo anterior, los datos nos evidencian que la RSC está resistiendo a la crisis. Lejos de ser una moda pasajera, o una mera estrategia de marketing, está demostrando que es un factor que mejora la competitividad y los beneficios de las empresas. La clave sigue estando en que cada vez seamos más los que colaboremos en extender las prácticas responsables en nuestros comportamientos. Porque también los ciudadanos jugamos un importante papel en esta práctica. Iniciativas de consumo, o de inversiones responsables, y la participación en actividades solidarias y de apoyo mutuo, cobran cada vez más fuerza en la construcción de un mundo mejor. Este es nuestro reto.
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