La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta tomará declaración hoy jueves en calidad de testigos a la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo, y a un inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera en el marco de las diligencias penales abiertas previa denuncia de la Fiscalía por cómo se ejecutó la expulsión a su país de 55 menores marroquíes no acompañados que habían llegado a la ciudad durante la crisis migratoria de mayo.
Por su actuación están en situación procesal de investigadas por un presunto delito de prevaricación continuada la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, que declaró el jueves de la semana pasada, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que iba a hacerlo hoy y a la que se ha concedido un nuevo aplazamiento por motivos de salud hasta el 5 de octubre.
La testifical de Palomo se presume según las fuentes jurídicas consultadas que será una de las claves para determinar el devenir del procedimiento, ya que la funcionaria alertó en varias ocasiones de que el cauce elegido para repatriar a los niños solos resultaba “contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
Así lo hizo por escrito cuando la Secretaría de Estado de Seguridad “rogó” que comenzaran los llamados “retornos asistidos” con una salvedad: “Protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”, lo que según varias sentencias de lo Contencioso-Administrativo no se hizo. También, en este caso a viva voz, cuando fue convocada a la frontera para un encuentro con las autoridades marroquíes en el que participaron por parte española tanto la propia Deu como representantes de la Delegación del Gobierno.
Palomo llegó a pedir amparo a la Fiscalía ante el empecinamiento de las dos administraciones en obviar el Reglamento de la Ley de Extranjería aunque el Acuerdo con Marruecos de 2007 que invocaban exige, literalmente, “estricta observancia” de la legislación española.
La Fiscalía ha propuesto escuchar en calidad de testigos, además de a Palomo y al mando policial, al jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación (Juan Hernández e Ismael Kasrou); al director general de Asuntos Generales de la Ciudad (Francisco Pérez-Hita); a la presidenta de la Fundación Raíces (Lourdes Reyzábal); a los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; y a la coordinadora de SAMU en Santa Amelia.
La defensa de Deu ha solicitado, por su parte, que se cite en la misma condición al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; a la exjefa de Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno central, Isabel Valldecabres; y a los cuatro funcionarios marroquíes de la Prefectura de Tetuán y L’Entraide Nationale que fueron a la cumbre de la frontera, cuyos nombres se desconocen.
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