EFE
La Agencia Tributaria sigue reforzando sus estrategias de control financiero, ahora en los pagos con tarjeta, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y combatir el fraude que en Ceuta ha dejado casos mediáticos.
En este contexto, el Gobierno está desarrollando un nuevo real decreto que exigirá a las entidades financieras proporcionar más información sobre las operaciones de sus clientes.
Este cambio normativo afectará especialmente a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros métodos de pago electrónico, que estarán obligadas a presentar informes detallados de los movimientos financieros de sus usuarios.
La medida establecerá un nuevo umbral de control: todas aquellas tarjetas cuyos movimientos anuales superen los 25.000 euros deberán ser reportadas a Hacienda.
A partir de 2026, las entidades bancarias tendrán que presentar una declaración anual detallando las transacciones que, en conjunto, superen los 25.000 euros por tarjeta. Esta obligación incluirá no solo los pagos realizados en comercios, sino también retiradas de efectivo y cualquier otra operación financiera vinculada a la tarjeta.
El informe deberá contener información clave como la identificación del titular, ya sea una persona física o jurídica, el número total de operaciones realizadas en el año y el importe global de estos movimientos. Esta normativa aplicará a todas las modalidades de tarjeta, incluyendo crédito, débito, prepago, monedero y digitales, sin importar la moneda utilizada.
El propósito de esta medida es claro: reforzar la supervisión de las grandes transacciones electrónicas y evitar el uso de estos sistemas para el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. Con la digitalización y la globalización económica, las formas de pago han evolucionado y, con ellas, también los mecanismos de fraude.
Hacienda busca con este nuevo real decreto mejorar la trazabilidad de los movimientos financieros y detectar operaciones sospechosas. Además, se espera que esta regulación facilite la detección de ingresos no declarados por parte de empresarios y autónomos que utilizan medios electrónicos para realizar cobros.
El proyecto de real decreto ya ha pasado por una fase de consulta pública y, próximamente, será enviado al Consejo de Estado para la emisión del informe preceptivo. Tras este trámite, el Consejo de Ministros deberá aprobar la normativa para su entrada en vigor.
Según el calendario previsto, la primera declaración obligatoria tendrá que presentarse en 2026 y recogerá todas las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal de 2025.
Además del control anual de pagos con tarjeta, el nuevo informe establecerá que los bancos deberán informar mensualmente a Hacienda sobre los cobros que realicen empresarios y autónomos a través de tarjetas o aplicaciones como Bizum y PayPal.
Esta medida supone un nuevo paso en la digitalización del control fiscal y permitirá a la Agencia Tributaria mejorar la vigilancia sobre movimientos financieros de gran volumen, garantizando una mayor transparencia y lucha contra la economía sumergida.
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