Hablar de explotación laboral en la época que vivimos debería sorprendernos, pero la realidad es bien distinta. Una realidad que nos muestra que existen miles de trabajadores que son contratados a media jornada cuando trabajan hasta doce horas diarias y otras irregularidades. Todos conocemos a personas que se quejan de que sus hijos, familiares o amigos trabajan jornadas interminables, pero cotizan media jornada, algunos ni cotizan. Existen sectores donde la explotación laboral es más evidente, incluso aceptada por los trabajadores como algo normal y se resignan a estar empleados en esas condiciones. Bares, restaurantes, discotecas, empleadas de hogar, del taxi... saben bien qué es la explotación laboral.
El pasado mes de julio el Gobierno puso en marcha el ‘Plan director por un trabajo decente’. Unas medidas bien acogidas por los sindicatos de clase por tratarse de implantar acciones contra la explotación laboral. El ‘Plan Director por un Trabajo Decente’, aprobado por el Consejo de Ministros, tiene previsto que guardias civiles y policías ejerzan de inspectores de Trabajo contra la explotación laboral. Se trata de aprovechar el potencial humano de las Fuerzas para intentar acabar con el fraude y la explotación laboral. Unas medidas que venían reclamando sindicatos y trabajadores por la falta de inspectores de trabajo. Esta falta es mucho más evidente en fines de semana, fiestas y en horario nocturno donde policías y guardias civiles trabajan con normalidad.
No son pocos los ciudadanos que han mostrado su satisfacción con estas medidas por su confianza en la Guardia Civil, porque piensan que será más fácil denunciar cualquier abuso en sus contratos. La cercanía de los trabajadores con los Cuerpos de Seguridad del Estado permitirá que estas inspecciones puedan ser más efectivas y eficaces, porque la presencia física de las patrullas son constantes. Lo cierto es que el ‘Plan Director’ no ha pasado inadvertido y ha calado en sindicatos y trabajadores que ven la posibilidad luchar contra la explotación laboral.
En el otro extremo están los empleadores que, de forma cochina, ponen contra la pared a los trabajadores ofreciéndole unas condiciones de trabajo fuera de la legalidad vigente. Unos contratos que tienen que soportar para hacer frente a sus necesidades personales o familiares. Este tipo de empresarios ya tiene conocimiento del plan contra la explotación laboral por lo que la simple publicación puede hacer recapacitar para evitar las cuantiosas sanciones que prevé la normativa.
Es pronto para conocer si desde la Administración se pretende formar a las Fuerzas de Seguridad sobre la forma de actuación, pero no será muy difícil por la experiencia que se dispone en otras materias como las denuncias e inspecciones que se realizan por contratar a extranjeros irregulares por infracciones a la ley 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Razón de más para pensar que no será necesario una formación muy específica para realizar con satisfacción esta nueva tarea que se pretende dar a policías y guardias civiles.
Hasta aquí la parte amable de unas medidas aplaudidas por trabajadores, sindicatos y funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, me quedo sorprendido cuando en una conversación sobre la materia hay quien sostiene que si el empresario no explota al trabajador igual el negocio no es rentable. Esta percepción “egoísta y alocada” de que para que el negocio sea rentable debe explotarse al trabajador es un virus que determinados empleadores inyectan en la sociedad para hacerle ver al trabajador que casi le está haciendo un favor por emplearlo; lamentablemente es un virus demasiado extendido en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Un virus que suelen inyectar a las miles de trabajadoras de hogar que son explotadas por empleadores con un nivel adquisitivo que les permite emplear legalmente y, por supuesto, también a otros trabajadores que se permiten la posibilidad, “impensable en la península”, de contratar a empleadas de hogar con sueldos míseros y jornadas interminables mientras ellos en sus puestos de trabajo reclaman los derechos que le corresponden.
Estas medidas me traen a la mente la charla que mantuve con Paco Antonio, antiguo delegado del Gobierno -QEPD-, cuando intentó regularizar a las trabajadoras de hogar transfronterizas o no. Pensaba que la medida haría aflorar miles de contratos de mujeres, pero la realidad ha sido bien distinta. La idea fue buena y digna de ensalzar, pero el resultado no fue todo lo satisfactorio que esperaba.
Sin embargo, esta mañana me encontré a Sora, una empleada de hogar, que me comentó que ahora vive mejor gracias a un delegado del Gobierno que permitió emplear legalmente a las trabajadoras de hogar; ahora tengo seguro y vacaciones, me comentó. Razón de más para pensar que cualquier medida que sirva para mejorar la calidad de vida de las personas y acabar con la explotación laboral es buena, aunque no tenga el resultado que se esperaba.
Sora no sabía el nombre del delegado del Gobierno, pero yo se lo dije, porque a las personas se les recuerda por el bien que hacen. Hoy hemos recordado a Paco Antonio, que intentó mejorar la calidad de vida de las empleadas de hogar. Es verdad que “sólo muere quien es olvidado”. A Sora no se le olvidará su nombre.