El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente durante esta semana los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ('tasa Google') y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin') sin cambios, por lo que previsiblemente entrarán en vigor a partir de enero de 2021. Lo harán sin recoger la especificidad solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para Ceuta y Melilla, ciudades para las que planteó que la base imponible de ambos tributos se exigiese a un tipo del 50% (el 1,5% y el 0,1% en vez del 3% y el 0,2%, respectivamente), haciendo así extensiva la singularidad general del REF local para “asegurar la continua actualización” del sistema tributario local “como motor de crecimiento y de atracción de actividad económica”.
Los grupos de la izquierda (PSOE, Podemos o Más País, entre otros), los nacionalistas (ERC, Junts Per Catalunya, Bildu, Regionalistas de Cantabria, Geroa Bai…) y Vox, que cuenta con tres parlamentarios en la Cámara Alta, entre ellos la ceutí Yolanda Merelo, se han opuesto a la propuesta, que solo han respaldado el PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
El espíritu de las enmiendas del PP rechazadas era consolidar y extender el régimen fiscal especial que la legislación contempla para las ciudades autónomas con el fin de “hacer posible la creación de riqueza” en ellas atendiendo a “sus especiales características y localización”.
El más reciente exponente de este principio fue la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 una reducción con vigencia indefinida del tipo del impuesto sobre actividades de juego en un 50 %. En el ámbito de la imposición directa, en el IRPF y Sociedades también existe una bonificación del 60 % y del 50 % de la cuota íntegra que se reproduce en los Impuestos sobre Patrimonio (75%) o sobre Sucesiones y Donaciones (59%). Los tributos locales también tienen una bonificación de entre el 50% y el 75%.
“Aún cuando debería ser satisfechos por multinacionales mayoritariamente establecidas fuera del territorio de aplicación del mismo, terminarán repercutiendo las cuotas a los usuarios de los servicios prestados, entre los cuales estarán los sujetos que, establecidos en Ceuta o Melilla, accedan con direcciones IP localizadas en ellas, encareciendo sus servicios y limitando su renta disponible”, fundamentó el PP sus enmiendas rechazadas después de que el Gobierno central las descartase alegando que “no gravan al usuario, sino a la empresa”.
Con la ‘tasa Tobin’, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.
La ‘tasa Google’ gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, sobre servicios de publicidad en línea, de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
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