La jueza que instruía el caso de las quince personas fallecidas en el Tarajal aquel fatídico seis de febrero ha dictado un auto demoledor. La causa queda archivada (provisionalmente). Es muy difícil que la confianza en la justicia se pueda reponer de un golpe tan duro. La lectura de lo que teóricamente se podría denominar “verdad oficial” provoca tanto estupor como indignación. Más bien parece una loa a la xenofobia de la peor calaña. Rezuma un desprecio por la condición humana de tal magnitud que resulta altamente indigesto para la inteligencia y letalmente tóxico para la conciencia.
No se trata de hacer una valoración técnica de la decisión de la jueza. No es fácil para las personas ajenas al ámbito judicial la determinación exacta de figuras delictivas contempladas en el código penal y la correcta delimitación de responsabilidades en su caso. En aras al rigor, no entraremos en enjuiciar el auto desde su dimensión estrictamente jurídica, no podemos aseverar la existencia (o no) de delitos, ni la presunta culpabilidad de sus autores. Pero lo que sí es criticable en grado sumo es el contenido ético de los razonamientos expuestos por la jueza para exonerar a todos los implicados de cualquier tipo de responsabilidad.
Antes de continuar, me veo en la necesidad de hacer un inciso dedicado a todos los patriotas de testosterona, que salen en tropel defendiendo a la Guardia Civil pensando que así defienden a España (como una unidad de destino en lo universal, por supuesto). Malos tiempos en los que hay que explicar lo obvio. Ninguna de las personas que mostramos nuestra repugnancia por aquellos hechos criticó a la Guardia Civil como cuerpo (y menos aún a los agentes individualmente considerados). La crítica (más que justa y merecida) se dirigió a las órdenes políticas dictadas de repeler la entrada de inmigrantes “a toda costa” y “utilizando para ello cualquier medio” como si de “enemigos o invasores se tratara”. Siempre dejamos muy clara la línea divisoria entre quien dicta y quien ejecuta las ordenes en un cuerpo (no se olvide) militarizado. Nuestro respeto y consideración a la Guardia Civil concebida como un cuerpo de seguridad moderno y al servicio de la democracia y de los valores que la sustentan; y nuestra más enérgica repulsa a los dirigentes políticos fascistas, racistas y xenófobos que de manera cruel atentan contra la vida de personas humildes que no han cometido ningún delito. Estos sinvergüenzas no tienen derecho a esconderse tras unos funcionarios, en su mayoría honrados, constantemente vejados y maltratados en sus condiciones profesionales, precisamente por quienes los utilizan de escudos humanos. Pero así sucedió. La conclusión de la jueza, básicamente, es que los fallecidos “sabían en el lío en que se metían”, y por tanto, casi se puede decir que se merecían lo que les pasó; y que el Ministerio del Interior tiene “carta blanca” para interpretar las leyes a su modo y manera (la repetición de una práctica la convierte en legal, al parecer; además de fulminar el principio constitucional de la no retroactividad de las leyes), y dictar las órdenes que estime oportunas, con tal de “salvar la patria”.
La utilización fraudulenta de los términos “proporcionada” y “adecuada”, imprimiéndoles una carga subjetiva flagrantemente contradictoria con los hechos, redondean una faena de defensa incomprensible de unas tesis políticas, radicalmente deleznables, defendidas con ardor por los dirigentes políticos del PP.
Esta resolución judicial contribuye muy poderosamente al funesto proceso de descrédito en el que se encuentra sumido el poder judicial en nuestro país. Las sospechas de contaminación, de sujeción a intereses ajenos, cuando no de burda manipulación, cobran carta de naturaleza cuando la ciudadanía percibe un divorcio tan evidente entre los hechos y las actuaciones de los jueces.
Aquella madrugada, un grupo de personas desvalidas, ateridas de frío, nadando torpemente para alcanzar una orilla que se antojaba remota, eran víctimas de disparos con balas de goma que impactaban a su alrededor, lanzadas por quienes allí representaban al estado español. Esta terrible imagen no podrá borrarla de la retina colectiva el auto de la jueza. Estas grabaciones nos perseguirán siempre. Será complicado (supongo) esclarecer hechos y responsabilidades en una situación tan compleja (por la existencia de la frontera, la nocturnidad, el número de implicados, etcétera); pero decir que aquella exhibición de crueldad es proporcionada y adecuada, hiere la sensibilidad de toda persona decente, y descalifica las conclusiones posteriores, porque introduce un elemento de subjetividad que pulveriza todo vestigio de ecuanimidad.
Los energúmenos, enemigos de la especie humana, han visto en este infame auto blanqueadas sus repugnantes ideas (si es que la vulneración de los derechos humanos y el desprecio a la vida, se puede considerar una idea). El PP en todas sus modalidades y variantes se ha apresurado a salir a la palestra mediática, henchido de satisfacción, a presumir de la legitimación legal de su intrínseca maldad. Un balón de oxígeno para el ejército de analfabetos embrutecidos que aún no han superado mentalmente la época de las cruzadas caracterizada por la barbarie. Un paso atrás. Lamentable.
