Es cierto que la justicia me seduce, y que mi piel me avisa del frío. Es cierto, sí, que se bifurcan los caminos.
Dijo el sabio: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Y es cierto que este saber me causa gran certidumbre, al tiempo que me sirve para entablar mi pequeño comentario.
Cierto día la enfermedad mental llama a tu puerta y todo tu ser se conmociona. Es el inicio de una historia de superación. Es hora de mentalizarse y comenzar un camino donde no faltarán las barreras (el estigma y los prejuicios distorsionan nuestra imagen colectiva).
Estamos dispuestos a luchar, pero al otro lado debe haber una sociedad integradora, que nos reciba con los brazos abiertos, sin falsos paternalismos, y sí mirando por las potencias de cada persona. Con los ajustes razonables que promuevan la igualdad, y eviten las conductas discriminatorias. Tal como se explicita en el artículo 5 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad: “Los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna”. “Los Estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva”. “A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.
Pues bien, contra todo esto, como las legiones de Atila, la reforma del Código Penal promovida por Gallardón. Un salto en el tiempo, o voltereta hacia atrás.
Aparte de una serie de disquisiciones al articulado, que nuestro comité jurídico ha elaborado con exquisita ecuanimidad y distribuida entre las diferentes formaciones políticas, vengo a centrarme en la identificación que se hace entre la enfermedad mental y el concepto subjetivo de “peligrosidad”. Esta vinculación cobra especial virulencia según este considerando: Al igual que en el código penal actual (del año 95), la reforma que plantea el gobierno establece que una persona considerada inimputable se le aplique una medida de seguridad privativa de libertad que consiste en ser internada en un centro psiquiátrico. La diferencia es que hasta el momento ese internamiento no podía ser mayor en el tiempo que si hubiera sido declarado imputable de un delito. Ahora, si la reforma es aprobada, la persona inimputable puede permanecer internada en un centro psiquiátrico de por vida a través de la figura de las prórrogas de las medidas de seguridad, sin límite de tiempo. A raíz de una evaluación que no se sabe muy bien de dónde sale, por la mera suposición de un delito que pueda cometer debido a su diagnóstico.
Sólo intuyo dos posibilidades para descifrar este desaguisado: bien una inteligencia anterior se ha creído realmente que las personas con enfermedad mental somos un colectivo peligroso, propenso al delito o la violencia; o bien el hecho de que normalizar la salud mental en la sociedad implica trabajo y una reordenación de los recursos.
La filosofía tacaña y perezosa que impregna el texto me hace pensar en lo segundo.
Tengo la convicción de que toda situación de riesgo que hace que una persona con trastorno mental pueda cometer un hecho delictivo se puede prevenir desde una red de servicios socio sanitarios adecuados, que atiendan a las personas desde una perspectiva integral y en su entorno comunitario; que garantice las adherencia al tratamiento.
El gobierno del estado no debe contradecir su propia Estrategia de sistema nacional de Salud.
