La senadora de Podemos, Maribel Mora, ha preguntado al Ejecutivo de don Mariano que le aclare algo tan sencillo como conocer cuántas empresas y cuántos empleos sostiene el polígono del Tarajal. También le ha preguntado sobre los controles que se hacen para evitar el porteo entre ancianas o el empleo de niños para estas prácticas que rozan la esclavitud. ¿Saben que se le ha respondido? Pues más bien nada, salvo que se le ha querido marear la perdiz para dejarla contenta. Algo que, por cierto, no han logrado porque la senadora ya ha anunciado que va a repreguntar sobre las mismas cuestiones, a ver si ahora el Gobierno empieza a buscar los datos que debe tener y manejar.
Es obligación saber qué empresas funcionan en el polígono y qué trabajadores tienen regularizados. Es obligación porque ahí reside una de las claves de todo el enfrentamiento que hoy por hoy mantiene la Delegación del Gobierno y los empresarios. Estos se quejan de que en el polígono las consignas hacen su negocio, de que los negocios que se mantienen al margen del control funcionan y que, de hecho, son los únicos que están sacando bultos. Estas denuncias deben dar pie a un estudio con datos que el propio Gobierno debería haber entregado a la senadora, porque a estas alturas decir que no se conocen es algo así como apostar por una línea demasiado oscura para trabajar sobre un tema que necesita seriedad.
Más grave aún es que no sepan manejar cifras en cuanto a la explotación de menores o la presencia de ancianas cargando bultos. Por cierto, las hay y los hay. De hecho este periódico ha publicado fotos y vídeos en los que aparecen niños entre bultos y colas... sin que autoridad alguna haya movido un dedo por salvaguardar los derechos de ese niño y protegerlos. ¿Saben por qué?, porque no les importa. Hacen como que no ven y siguen jugando a su afición preferida: el pasotismo.
Don Mariano y su Gobierno nos cuentan además que los porteadores no hacen actividad laboral alguna en España. ¿Entonces cómo se llama a la carga de bultos, la entrega de dinero y el posterior traslado? ¿Acaso esa parte del negocio no la llevan a cabo en nuestro país y, por tanto, debiera estar regulada y controlada? La respuesta recuerda mucho a la dada por Fernández Díaz y su línea imaginaria fronteriza en el caso 6F, ¿lo recuerdan?
