El eterno debate sobre la línea de transporte marítimo que une Ceuta con Algeciras se encuentra en un momento álgido. El hecho de que el PP se haya percatado de que este es un asunto que preocupa sobremanera a la población, lo ha convertido en una prioridad política y lo ha situado en el centro del interés mediático.
Esta es la primera sorpresa. El Gobierno de la Ciudad ha tardado más de quince años en comprender que "algo hay que hacer" para combatir la "piratería" del estrecho.
En primer lugar, y a pesar de que ya está explicado hasta la saciedad, conviene recordar, para encuadrar bien los argumentos, que el origen de este problema está en la propia concepción de este servicio. Esta disquisición se decantó en su día a favor de los que defienden que este es un servicio que se puede regular por las "leyes del mercado"; en detrimento de los que defendemos con rotundidad que este es un auténtico paradigma de servicio público, y que su gestión no se puede supeditar a los intereses privados. Los hechos son inapelables. Pero, a pesar de ello, los partidos políticos que se alternan en el Gobierno hasta ahora (PSOE y PP), no han querido cambiar las reglas del juego. No se sabe bien si por convicciones ideológicas o por connivencia con los grupos empresariales que participan del negocio. La tímida intervención pública, derivada de un contrato de escasa incidencia en el contexto general de este mercado, tan sólo ha servido, en la práctica, para mejorar la ya de por sí suculenta cuenta de explotación de su (feliz) beneficiario. Cambiar radicalmente el modelo de gestión es la solución definitiva de este problema. Ceuta tiene derecho a sentirse unida a la península por un servicio público moderno, de calidad, con suficientes frecuencias y a precios razonables. Y esto sólo lo puede garantizar el estado. La legislatura que acaba de comenzar, con una nueva composición del Congreso en la que PP y PSOE (defensores del servicio privado) han perdido peso, puede ser una oportunidad para reactivar esta reivindicación. Es una línea de actuación que no se debe abandonar.
Mientras tanto, lo que no cabe ante la cerrazón del bipartidismo, es la resignación. Por ello se plantea una intervención directa del propio ayuntamiento en este mercado. Es la única posibilidad de acabar con la tiranía de las navieras, que viven cómodamente, ajenas a la competencia, administrando el secuestro de la población ceutí y las subvenciones públicas que lleva aparejado (bonificación de residentes). Tras muchos años de batalla dialéctica, el PP ha terminado por aceptar que, efectivamente, esa es la única medida que puede dinamitar el cártel (de hecho) que se ha quedado con las llaves del estrecho.
El intento está a punto de naufragar. Los informes jurídicos elaborados al efecto determinan la existencia de una contingencia insalvable: el Ayuntamiento no puede desarrollar una actividad económica "fuera de su término municipal".
La interpretación flexible del concepto término municipal, se considera una temeridad ante la más que evidente reacción virulenta ante los juzgados de las compañías que vean amenazados sus beneficios, y cuentan con portentosos equipos jurídicos. Pagados por todos, por cierto. No deberíamos darnos por vencidos. Se puede (y debe) explorar una fórmula alternativa que mediante la contratación de determinado servicios inherentes al transporte, permita alcanzar los mismos (o muy parecidos) objetivos.
También resulta llamativo el cambio de actitud de la principal compañía de las tres que operan en el estrecho que es, además, la adjudicataria del contrato público. Ahora, atisbando el peligro de que se les pueda acabar el chollo, y con la intención de disuadir al Gobierno de llegar hasta el final de este viaje, ofrece diversas modalidades de colaboración. Una mínima concesión que le proporcione una coartada política al PP, pudiendo presentar algún resultado tangible, aunque realmente deje inalteradas las condiciones esenciales que disfrutan en la actualidad.
Pero lo que ya faltaba en este lamentable panorama es el escarnio. El Presidente de la compañía Balearia se permite el lujo de acusarnos de manera velada a los ceutíes de ¡"falta de ética"!utilizando el truco de la premisa falsa. Nadie ha dicho nunca que todos los problemas de Ceuta sean imputables a las navieras. Lo que si decimos todos (o casi todos) los ceutíes es que las navieras se comportan como "piratas", que actúan única y exclusivamente atendiendo a sus propios intereses, que no tienen la menor consideración con los usuarios, y que sus políticas de precios (por llamarlas de alguna manera) son radicalmente injustas por abusivas. Y esto es precisamente lo que no es ético. Porque en este país, que tanto dice defender la constitución, a la hora de la verdad, nadie la respeta. Es cierto que la libertad de empresa figura como uno de los principales fundamentos de nuestro orden constitucional y las empresas privadas tienen derecho a tomar sus decisiones en función de sus intereses; pero también dice la constitución que toda la actividad económica debe estar sujeta al interés general.
La responsabilidad social de la actividad empresarial es también una obligación que habitualmente los poderes públicos son reacios a exigir. Todo el mundo sabe que están incumpliendo las leyes que regulan la libre competencia; pero no importa, los procedimientos sancionadores son tan largos, tediosos e inofensivos que no inspiran el menor temor. Las leyes siempre protegen a los poderosos frente a los débiles.
No hace falta explicar en este caso quienes son unos y otros. Pero según el código ético del preclaro empresario, a los ceutíes lo que nos corresponde es pagar, callar y agradecerle que se esté haciendo multimillonario a costa de nuestro sufrimiento.
