El pasado lunes,, la palabra “batacazo” apareció reiteradamente en los medios informativos, aplicada a la sensible caída de votos sufrida en las elecciones al Parlamento europeo por los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, aunque hubo algún periódico que, con evidente parcialidad, se limitó a referirla a uno de dichos partidos, como si el otro hubiera salido de rositas.
De antemano, los analistas preveían una gran abstención, superior a la ya tradicional en los comicios europeos, y la sorpresa surgió cuando se conoció que el porcentaje de votos emitidos a nivel nacional había superado ligeramente al de hace cinco años. El escrutinio desveló lo sucedido: mientras el número de votos a PP y PSOE descendía y los de IU y UPyD crecían según lo previsto, dos millones de electores habían decidido acudir a las urnas para votar formaciones menores, algunas de ellas de reciente formación, como es el relevante caso de “Podemos”, que motivó a personas no proclives a acudir al Colegio electoral de no haber surgido en los debates televisivos la figura de Pablo Iglesias Turrión, con sus radicales ideas.
De ahí, el gran bajón de PP y PSOE respecto del número de escaños conseguidos. A la hora del reparto, entre “Podemos”, los nacionalistas catalanes y vascos, que también crecieron en votantes, IU, UPyD y otras pequeñas formaciones, a la vez que la no exigencia de un porcentaje mínimo, causaron la imprevista caída en nada menos que quince escaños (en torno a diez más de los previstos en las encuestas) de populares y socialistas.
Estaba cantado que millones de electores del PP y del PSOE se iban a quedar en casa, y que otros, en menor cantidad, cambiarían su voto. Los recortes, las subidas de impuestos y algunas cuestiones de carácter ideológico han ocasionado un indudable malestar entre muchos votantes fijos del PP, que decidieron castigar a “su” partido aprovechando estas elecciones, a las que -erróneamente- se da una importancia menor. Conozco algún funcionario, militante del PP, que ocupa cargo de relativa importancia en un Ministerio. a quien no han logrado convencer para que desistiera de esa idea. Sun duda, por esta causa se le han restado al partido del Gobierno millones de votos de gente descontenta que, probablemente, cuando lleguen las futuras generales, actuarán de forma más consecuente. Los lamentables y repetidos casos de corrupción salidos ahora a la luz han pesado también, aunque en Andalucía, por lo que se ha visto, bastante menos.
En Ceuta, con una llamativa abstención de casi las tres cuartas partes del electorado, el PP ganó holgadamente, obteniendo el 40,34% de los sufragios emitidos, aunque perdió un 36,9% de los votos que obtuvo en las europeas de hace cinco años. A nivel nacional, este partido logró el 26%, perdiendo el 39%. Por su parte, el PSOE obtuvo en Ceuta el 22,54% y, a nivel nacional, el 23%. De ahí se deduce que mientras los socialistas siguieron aquí la pauta general, el PP superó en más de 14 puntos la media lograda por dicha formación en toda España, habiendo perdido 2.1 puntos menos.
Lo que no es de recibo es tratar de cargar sobre la política seguida a nivel local por un partido de ámbito nacional la pérdida de votos experimentada. Puede existir una influencia mínima, de algunas personas enfadadas por cualquier cuestión que les afectó, pero en general está más que claro que la reacción negativa de gran parte de los potenciales electores del PP tiene su origen en medidas adoptadas por el Gobierno central, las cuales, aunque hayan sido forzadas por la situación de crisis, por la famosa –y real- “herencia recibida” y por la pertenencia a entes supranacionales (UE y Eurogrupo), lo cierto es que los ciudadanos las han padecido, sin que sus motivos nunca se explicaran adecuadamente.
Y hablando de medidas, cuidadito con ese PER en estudio por la Asamblea, cuya eventual puesta en práctica, si no se estableciesen para ello condiciones muy restrictivas y de riguroso cumplimiento, podría hacer crecer en proporciones geométricas –estando donde estamos- la ya excesiva población ceutí.
Repito: cuidado. La Asamblea y, en su caso, el Gobierno de la nación, tendrían que pensárselo mucho y sopesar al máximo las posibles consecuencias.
