El equilibrio presupuestario y la confianza de Europa y de los inversores son condiciones ineludibles para la recuperación económica de España, y estos nuevos PGE, que son extraordinarios, responden a la demanda que los mercados hacen tras la grave situación económica que ha dejado el Gobierno socialista.
Los presupuestos del Gobierno son esenciales para reducir el déficit y recuperar la confianza, tarea harto difícil cuando partimos de un 2011 en el que el gobierno socialista gastó 90.000 millones de euros por encima de los ingresos, aumentando con ello en 2,5 puntos el déficit comprometido con Europa.
Ahora nos encontramos en una situación en la que España debe reducir el déficit público del 8,5% hasta el 5,3% en un solo año. Ya me dirán los diputados de la oposición ceutí que tanto ahora protestan, cómo hacer esto de otra manera que no sea la propuesta por el Partido Popular.
El ajuste necesario para cumplir con el objetivo del 5,3% se traduce en recortar el gasto en 27.300 millones de euros, convirtiendo estos presupuestos en los más exigentes y austeros de la democracia.
El tremendo ajuste ministerial con una media de recorte del 17% consigue ahorrar 17.800 millones de euros, haciendo hincapié en las partidas menos productivas como son el presupuesto de la Casa Real, del CGPJ, de las Cortes Generales, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y de todos los organismos autónomos.
No es significativo, pero si ejemplarizante que el Gobierno de Mariano Rajoy cueste 400.000 euros menos que el del anterior Gobierno socialista, o que las transferencias a sindicatos se reduzcan en 6,2 millones de euros.
Lo que si indica el estado de nuestra sociedad es que 4 de cada 10 euros se dediquen a pensiones y al mantenimiento de las prestaciones por desempleo, ascendiendo la aportación de todas las pensiones y la financiación de las pensiones mínimas. Es decir, de cada 100 euros, más de la mitad se dedicarán a programas sociales ¿Y esto le parece mal a la oposición ceutí?
Pese a lo que gritan los de “nos lo quieren quitar todo”, se mantienen las partidas de Educación destinadas a becas, siguen igual las políticas sociales, de seguridad y no se reduce el sueldo de los funcionarios.
Además, son unos presupuestos que protegen a la esquilmada clase media: aun teniendo que subir el recibo de la luz por orden judicial, dos tercios del coste de la factura lo pagan las propias eléctricas, no sube el IVA, y no sube el IRPF a excepción de las grandes empresas.
Obviamente los nuevos PGE afectan a Ceuta, igual que lo hacen a Toledo, Canarias o Burgos. No podemos solicitar un trato diferente a nuestras regiones vecinas cuando ya lo tenemos y pretendemos ampliarlo. Si España sufre, Ceuta sufre.
