El líder del Partido Popular presentó ayer en el Senado la proposición de ley que su formación ha registrado para revertir el cambio en el régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social que el Ministerio de Trabajo implementó unilateralmente el año pasado y que el PSOE aseguró que nunca llegaría a entrar en vigor.
Seis meses después de que lo hiciera, por desgracia los datos de sus efectos siguen siendo un misterio. La Administración General del Estado se niega a informar sobre cuántos trabajadores se incorporaban antes al disfrute de ese incentivo y cuántos lo hacen con el nuevo sistema.
Nada más conocerse la iniciativa legislativa del PP, el PSOE de Ceuta se descolgó con un comunicado anunciando que, en realidad, el Gobierno central ya tiene decidido dar marcha atrás. Hace nada la delegada dijo que no sería fácil convencer a los responsables de hacerlo de esa necesidad a la vista de la evolución positiva de las afiliaciones a la Seguridad Social en la ciudad. La institución de la plaza de los Reyes tuvo que atemperar el arrebato de Juan Gutiérrez: “Hecho no está”.
Exactamente igual que la modificación del régimen vigente desde 2004 no debería haberse adoptado sin diálogo previo, su reversión tampoco debería responder a un calentón mediático. Los partidos tendrían que evitar, además, ocupar el foco que corresponde a las instituciones, especialmente si de esa forma solo contribuyen a generar todavía más confusión.
La decisión final sobre el asunto tiene que aspirar a concitar el mayor consenso posible en el ámbito político y social, así como estar fundamentada en un análisis transparente de las cifras que se ocultan.
