La Ciudad está dispuesta a cerrar el paso a cualquier sospecha o acusación interesada lanzada desde la bancada de la oposición sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Tan en serio se ha tomado la Administración local ese portazo a la especulación premeditada –más ahora que la inminente precampaña electoral puede hacer volar globos sondas que tenderán a desinflarse, pero con el riesgo de sembrar la duda– que ha tomado una decisión cristalina en su compromiso con la transparencia: publicará los detalles y la letra pequeña de todas y cada una de las licitaciones que cierre con proveedores externos. Traducido, quiere decir que a partir de ahora cualquier ciudadano podrá conocer hasta el último renglón de los pliegos de condiciones, mesas de contrataciones y adjudicaciones finales de aquellos contratos cuyos precios superen la barrera del euro. La cantidad, no hace falta mencionarlo, es simbólica e implica que se publicarán los documentos del cien por cien de los expedientes por los que pujarán empresas privadas para proveer a la Ciudad de bienes o servicios. Sin cortapisas y a la vista de todos, en papel o a través de internet en el perfil del contratante. Yerran de nuevo, pues, quienes desde su atalaya de presuntos adalides de la integridad y la moralidad –nótese la ironía– han suplido su escasez de propuestas para hacerse con el sillón de la Presidencia por un catálogo de acusaciones que, a la hora de la verdad, se diluyen por mucho que los dedos señalen el camino a los juzgados o las fiscalías. El Gobierno rubrica su apuesta por la transparencia aun cuando la ley no le obliga a airear contratos inferiores a los 18.000 euros. El mensaje, con hechos palpables y no con frases huecas, debería inducir a cierta oposición parlamentaria a recapacitar sobre la esperpéntica estrategia preelectoral a la que ha confiado su futuro.
