El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, regresa hoy a Ceuta justo un año después de su última visita, el 5 de marzo del pasado año.
Eran entonces tiempos muy complicados, cuando apenas habían transcurrido 30 días desde los sucesos del 6-F que se cobraron la vida de 15 inmigrantes. Se había desatado ya una injusta y desproporcionada cacería mediática contra los agentes que intervinieron aquella madrugada ante el intento de avalancha. Hubo quien se atrevió incluso a decir que les habían "disparado a la cabeza" o que los subsaharianos habían muerto "en suelo español". Fernández Díaz vuelve a pisar la ciudad con las aguas más calmadas, aunque con el caso judicializado y recién concluida la toma de declaración a los guardias civiles imputados por aquellos sucesos. Pero le trae a Ceuta otra misión: la de dar por inauguradas hoy, en el paso fronterizo del Tarajal, las nuevas instalaciones que darán forma a la Oficina de Protección Internacional, un instrumento que en la práctica servirá para que quienes pretenden solicitar asilo en España puedan tramitar su petición en ese punto. Se cierra, de esa forma, una práctica errática que consistía, hasta ahora, en que el inmigrante realizaba el trámite una vez en territorio nacional. Llegaban a Ceuta, de forma ilícita en la inmensa mayoría de los casos, y era entonces cuando alegaban persecución en su país de origen, ser víctimas de un conflicto armado o de violencia de cualquier tipo para acogerse a la protección que por ley está obligada a brindarles España atendiendo a su propia legislación y a los convenios internacionales suscritos. La entrada en vigor de esa oficina, comprometida por el Gobierno central en noviembre y una respuesta a las solicitudes de organizaciones supranacionales como Acnur, pone orden ante la inmigración ilegal y establece pautas de actuación ante un fenómeno creciente. Además, aporta luz y desmiente a quienes en la reforma de la Ley de Extranjería se empeñaban en ver sólo devoluciones en caliente y poco más.
