El dictamen del Consejo de Estado ha dejado bien a las claras que la dicotomía entre el Estatuto de Autonomía y la Ley de Régimen Local prevalece la condición de nuestra ciudad como un ente autonómico.
De esta manera, con la opinión vertida por el máximo órgano consultivo del Estado en nuestro país se pone fin a una lucha estúpida iniciada por un sindicato y que finalizó con algunas formaciones políticas subidas al carro de determinadas sentencias judiciales que eran muy cortas en su entendimiento sobre la condición jurídica de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Porque aquí, aunque la polémica se inicia con la discusión sobre la potestad del presidente de la Ciudad de nombrar a viceconsejeros o consejeros no electos o de establecer, a su leal saber y entender, la composición de su equipo de gobierno y colaboradores, subyace un análisis mucho más complicado y que ponía en peligro la propia estructura de un Estatuto de Autonomía que, sin ser la panacea, ha supuesto un paso adelante muy importante en las relaciones entre la Ciudad de Ceuta y la Administración General del Estado.
Por ello, la consejera Susana Román decía ayer que no se estaba hablando de incrementar o no el número de integrantes del equipo gubernamental, sino de algo mucho más serio, como era el reconocimiento de Ceuta como un ente autonómico y no simplemente con un Ayuntamiento. Aún así, habrá quien intente sacarle punta al lápiz.
