Una nueva jornada de detenciones dentro del caso de Loma Colmenar que ha llevado aparejada igualmente la entrada en unas dependencias de la Ciudad Autónoma y la intervención de un ordenador en la Consejería de Asuntos Sociales. En esta semana han sido un total de doce personas, incluyendo varios políticos, los que han sido detenidos y llevados hasta la magistrada que lleva el caso. Una operación que se está basando en el mantenimiento bajo secreto del sumario que ha sido ordenado por Su Señoría y que lleva así desde octubre de 2015, tres meses después de que por parte de la Ciudad se presentara la denuncia por la publicación de la denominada ‘lista fantasma’. Una fórmula que está permitiendo, sin ningún género de dudas, unos resultados en un tipo de operación que nunca había sido conocida en nuestra ciudad. Por supuesto Su Señoría será la que establecerá el momento en que deba levantar el secreto para que las distintas partes conozcan, en concreto, el contenido y las razones de las acusaciones hacia los investigados. Por otro lado, la entrada en una dependencia oficial como es Emvicesa y la intervención de un ordenador en la Consejería de Asuntos Sociales que era el utilizado por la entonces consejera del área, Rabea Mohamed, necesita igualmente de una explicación política por parte del Gobierno autonómico. Al igual que ha sucedido con las detenciones de las dos consejeras, una cosa es colaborar con la Justicia y con la Policía, como no podía ser menos, pero, luego, existe un parte de responsabilidades políticas por parte del Gobierno. Al final, si no se dan ahora, no tendrán más remedio que ofrecerlas en el pleno porque ya hay partidos que han anunciado que pedirán explicaciones.
