Los juzgados de lo Penal se han visto obligados a suspender varios juicios al no contar con el informe que recoge el análisis de la droga intervenida. Sin ese documento no se puede conocer la pureza de la sustancia lo que impide juzgar a los acusados por delitos contra la salud pública.
Esto es gravísimo, pero aún así pasan las semanas y no hay reacción inmediata por parte de la administración que debería tener los recursos suficientes como para evitar situaciones extremas como son las suspensiones de juicios ya preparados.
Poner en marcha una vista judicial supone no solo el trabajo previo de los funcionarios, sino la citación de todas las partes y la movilización de testigos que tienen la obligación de comparecer.
Ya son cuatro los juicios suspendidos en menos de un mes, como si fuera algo sin importancia, gratuito, que pueda permitirse. Es un escándalo y un auténtico fracaso, amén de un engaño al ciudadano que ha cumplido con su deber y al acusado que espera ser juzgado por unos hechos que se le imputan.
La avería en el cromatógrafo de gases es el problema, la Justicia ha dejado constancia en cada suspensión de juicio de la razón que lleva a esa consecuencia extrema y con consecuencias negativas para el buen funcionamiento de la administración.
Ceuta debe estar preparada y dotada con recursos suficientes como para que, de producirse una incidencia técnica, pueda resolverse de inmediato. Es evidente no solo que no lo está sino que se ha permitido que se llegue a unos extremos para nada razonables que evidencian la debilidad en la reacción oficial ante asuntos de importancia.
Es tercermundista que esté ocurriendo esto, más aún que el silencio sea la única respuesta.
