Ceuta atraviesa estos días una de las crisis migratorias más duras de su historia reciente. Más de 1.300 menores extranjeros no acompañados han cruzado la frontera del Tarajal en apenas un par de días, desbordando un sistema de acogida diseñado para atender a treinta.
Entre las cifras, los centros habilitados de urgencia y los debates políticos sobre retornos y reparto territorial, hay un principio que no puede quedar en segundo plano: la protección de la infancia es innegociable, y la de las niñas resulta doblemente urgente.
Los hechos hablan por sí solos. Fiscalía ha tenido que dictar pautas específicas de actuación. La Policía Nacional investiga ya varios casos de agresiones sexuales sufridas por niñas marroquíes, algunas de ellas presuntamente cometidas por hombres que se hacían pasar por familiares. Las entidades sociales trabajan sobre el terreno para localizar a menores que aún duermen en la calle. Y la propia ministra de Juventud e Infancia ha reconocido que se ha priorizado la atención a los perfiles más vulnerables: niñas y menores de trece años.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha puesto el dedo en la llaga al recordar que Ceuta no puede asumir en solitario semejante volumen de menores.
Su petición de distribuirlos entre las comunidades autónomas, acompañada de intérpretes y asistencia letrada para cada caso, no es un capricho burocrático: es la condición mínima para que la ley se aplique con garantías y no de forma improvisada, como viene ocurriendo desde finales de julio.
Marruecos, por su parte, asegura estar dispuesto a recibir de vuelta a los menores que cruzaron a Ceuta, después de no haber evitado su salida masiva días antes.
Ante esa disposición, conviene no perder de vista que ningún menor puede convertirse en moneda de cambio diplomático: cualquier retorno debe decidirse caso por caso, con garantías jurídicas y atendiendo siempre al interés superior del niño, tal y como recuerda la propia legislación española.
Que la respuesta a esta crisis se mida en plazas habilitadas, traslados pendientes o negociaciones bilaterales no debe hacer olvidar que detrás de cada cifra hay un niño o una niña concretos, con nombre, con miedo y, en demasiados casos, con heridas que no se cierran con un centro de acogida provisional.
Proteger a la infancia no puede depender de la nacionalidad, del origen o de la coyuntura diplomática con Marruecos. Tampoco puede convertirse en munición para el debate político sobre inmigración. Ceuta ha demostrado, una vez más, una solidaridad ejemplar. Ahora corresponde al Estado, con recursos reales y coordinación efectiva, garantizar que ningún niño y, muy especialmente, ninguna niña quede desprotegido mientras dure esta emergencia.
