La decisión que ha adoptado el Gobierno autonómico de recoger el guante lanzado por el secretario general de los socialistas, José Antonio Carracao y convocar un pleno extraordinario para realizar la compra de terrenos que permitan la construcción de infraestructuras educativas y judiciales va a resultar un problema para el delegado del Gobierno. Porque si se da este paso adelante y Carracao se comprometió a que el Gobierno apoyaría estas iniciativas, reformando los presupuestos, al final tendrá que ser el delegado del Gobierno el que intervenga para que los citados departamentos ministeriales hagan un hueco en sus presupuestos. Las condiciones que impone la Ciudad Autónoma son lógicas, porque no merece la pena realizar un esfuerzo económico, si la Administración del Estado no se compromete a una inversión rápida
