La delegada del Gobierno repitió ayer que Ceuta se encuentra ante “una oportunidad que no podemos dejar pasar” para aprovechar en beneficio de la ciudad la crisis fronteriza que, en mayo pasado, “nos situó como prioridad en la agenda política de nuestro país y en toda la UE”. Según reiteró, el Ejecutivo central tiene la determinación de trabajar “desde una leal colaboración” con el autonómico en la concreción de un nuevo modelo económico y de ciudad.
Cada vez es más urgente que las dos Administraciones presenten a la ciudadanía ceutí tantos hechos como palabras y que sus declaraciones de intenciones no queden atascadas por la burocracia o bloqueadas por la contienda partidista, que a partir del próximo verano se encenderá de nuevo con los comicios de 2023 a la vuelta del invierno.
El Estado está obligado, más allá del color político del inquilino de La Moncloa, a garantizar el apoyo que Ceuta necesita para desarrollar todas sus potencialidades y para ello se antoja clave tanto que se mantengan las medidas y ayudas implementadas durante los dos últimos años para paliar los efectos de las crisis sanitaria, económica y fronteriza como que se culmine el Plan Estratégico prometido para sentar unas directrices con el mayor consenso posible para construir el futuro de Ceuta, algo que sin duda dependerá también de conseguir la mayor involucración posible de las instituciones comunitarias.
La Ciudad también debe sacar el máximo rendimiento al apoyo económico y político que recibe y todos los agentes sociales, involucrarse al máximo en este mismo desafío.
