Otra agresión más y otra vez que el personal de los centros sanitarios sale a concentrarse en repulsa a este tipo de comportamientos. No es normal que se haya llegado a este extremo, en el que una enfermera es amenazada de muerte cuando lo que hace es prestar el servicio domiciliario a pacientes. Un servicio que podría considerarse que se hace por humanidad, entendiendo las limitaciones que algunos enfermos tienen y acercando la atención a estos.
Sin embargo, la respuesta obtenida es la agresión verbal, la amenaza y que los profesionales se hayan plantado, tomando la determinación de suspender la atención domiciliaria, con el agravio que supone para el resto de pacientes. Es una decisión extrema, pero que debe hacernos ver hasta el punto al que se se ha tenido que llegar para garantizar la seguridad del personal que trabaja y que se desplaza a los domicilios.
No es justo que esta atención se pierda por la acción incívica de unos pocos que no tienen en cuenta las consecuencias de sus actos. Porque es cierto que las agresiones, ya sean físicas o verbales, hacia un sanitario se consideran un delito de atentado a la autoridad que está penado por la ley, sin embargo, ¿qué pasa con el daño psicológico que sufre este profesional? ¿Cómo se repara?
Se habla de que estas acciones se han podido incrementar, sin justificación alguna, por los recortes en sanidad, pero es inconcebible que la violencia ante unos profesionales cuyo trabajo es, ni más ni menos, proteger nuestra salud, curarnos y ayudarnos a sentirnos mejor. No es sólo una cuestión de recortes o de atención, es algo que va más allá: es una cuestión de educación y respeto hacia el trabajo de estos profesionales.
