Los menores no acompañados, responsabilidad compartida

Que Ceuta sea una ciudad fronteriza implica una serie de retos que no siempre puede o debe asumir en solitario y un ejemplo de ello es la reponsabilidad del bienestar de los cientos de menores no acompañados que han ingresado, no solo durante la crisis de mayo, sino también antes y después, y cuyos derechos humanos deben estar garantizados.

Se trata de un tema álgido por tratarse de menores de edad y por las condiciones en las que ingresan a Europa a través de la ciudad. Aunque se hace un esfuerzo por brindarles una atención adecuada, no siempre es posible, en algunos casos porque se escapa de las manos de la Administración local, ya sea por insuficiencia de recursos o porque no se cuenta la logística suficiente para hacerlo.

No es una petición nueva, pues durante años desde Ceuta se ha insistido en que es un problema compartido para el que es necesaria una financiación que sea estable, tomando en consideración el enorme esfuerzo que esto supone y que muchas veces supera las capacidades financieras locales, necesitando la financiación por parte del Estado y la colaboración en otros aspectos importantes.

Precisamente ayer, Derechos Sociales y los Gobiernos autónomos cerraron un acuerdo para consensuar un modelo que garantice la acogida de menores no acompañados en situaciones de emergencia. Y más temprano, el Ministerio de Derechos Sociales ya había anunciado que fijaría en 132 el máximo de menores extranjeros no acompañados que tiene capacidad para acoger y atender Ceuta, entendiendo que la Ciudad Autónoma puede tutelar en condiciones idóneas a 88 niños migrantes solos, aunque el número sería ampliable hasta un 50% en situaciones extraordinarias de forma transitoria. Se trata exactamente de pedir apoyo cuando no se puede abarcar mucho más.

Y en este sentido, la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, valoró esa intención de reforzar los recursos disponibles ante una crisis humanitaria, pero reiterando la necesidad de un mecanismo “estable y definitivo”, para la derivación de menores. Se han dado pasos para hacer frente a estas circunstancias, pero todavía queda mucho por hacer y Ceuta pide todo el apoyo posible.