El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, habló ayer sobre lo que ha terminado por convertirse en un auténtico culebrón.Un historial que tiene de todo: al “tonto útil” –como definió Caballas al secretario general del PSOE–, a los despechados y al eje neurálgico, el contrato de la basura. La prudencia que debe acompañar, cuando menos, a una clase política demócrata ha brillado por su ausencia, transformando lo que nació como un interés del propio Gobierno por saber si tenía fundamento lo reclamado por Urbaser en un auténtico espectáculo que, finalmente, ha terminado en los tribunales. Al margen de los pasos que está dando el Gobierno para aclarar esta situación, la maquinaria judicial ya se ha puesto en marcha gracias a la celeridad de una Fiscalía que ha querido funcionar con independencia absoluta, sin dejarse presionar por los intereses de algunos frentes que apuestan más por la escandalera que por la búsqueda de la verdad. En eso, fíjense, coinciden, cada uno dentro de su parcela, Gobierno y Fiscalía. Desde ambos frentes se persigue, desde ya, poner claridad en el complejo asunto del contrato de la basura, marcando los pasos, dirigiendo una actuación, al margen de las salidas tendenciosas y sensacionalistas de los showmans. Martínez, como decíamos al inicio de este editorial, habló, de nuevo, sobre este culebrón. Y volvió a dejar claros los mismos conceptos, conceptos reales, aunque haya intereses insistentes en la repetición de mentiras para transformalas en realidad. “No se ha pagado ni un euro más a Urbaser del precio del contrato”, dice Martínez. Repite lo que ya dijera hace unos días el presidente Juan Vivas. Y, ojo, por si alguno insiste en no creer tal aseveración, hasta lo dice el principal partido en la oposición: Caballas. Sí, ese tándem que tuvo que pelear con uñas y dientes en una campaña electoral en la que se le hizo de todo y que, aun así, consigo la máxima representación en la bancada de la oposición. “La empresa ha cobrado más de lo merecido, pero legalmente, porque figuraba en contrato”, aseveran quienes llevan la batuta fiscalizadora al Gobierno. ¿Malversación, despilfarro, choriceo...? Las acusaciones pueriles del primer día empiezan a caer en saco roto y vienen a demostrar otros intereses. Hasta ayer mismo el PSOE, en una nota de prensa, con la que valoraba el traslado de la denuncia al juzgado, indicaba que si no hay ilícito penal en toda esta historia, que haya al menos responsabilidad política. ¿Tan pronto se caen del caballo?, ¿no han pasado ni 72 horas que ya pasan de aventurar la intervención del Estado en la bancarrota ceutí a barajar la posibilidad de que no haya delito? Así están las cosas. Desgraciadamente este culebrón también está dejando víctimas en el camino: los funcionarios. Todo un secretario general del PSOE se atreve a cuestionar la independencia de la secretaria general del Ayuntamiento y del interventor. Lo hace, mientras calla el resultado de la permuta solicitada para no tener que marchar a diario a trabajar a Algeciras. Se le ha denegado. ¿Qué funcionaria ha estado involucrada directamente en dicha resolución? La secretaria general, María Dolores Pastilla, cuestionada por Carracao. ¿Por qué quien dice sentirse como la Pantoja en una historia aireada solo por él no ha informado de esto, utilizando el partido para su provecho? Tiempo al tiempo, paso a paso, la verdad se conoce.
