El Ministerio Fiscal dio traslado al Juzgado de Guardia de la denuncia interpuesta por MDyC tras tener conocimiento del contenido de mensajes racistas que fueron difundidos a través de un chat denominado Gestora Vox. Considera el Ministerio Público que pueden existir indicios que tienen su encaje en la conducta antijurídica prevista en el artículo 510 del Código Penal al haber incurrido en un delito de odio. De momento ya se ha pedido autorización judicial para que la Policía pueda investigar los teléfonos móviles de diputados de esta formación para conocer el origen de dicho chat y quién lo promovía así como la identidad real de las personas que emitieron contenidos claramente racistas y atentatorios contra una parte de la población de Ceuta.
La Fiscalía, la Justicia, es la que debe actuar sin presión de ningún tipo en todo este asunto. En ellos recae el poder de sancionar lo ocurrido y de, con una adecuada instrucción, investigar el origen de unos contenidos despreciativos que no deben ser consentidos. Ante esta situación sobrevenida lo que menos hace falta es la aparición de aspirantes a héroes, de pirómanos que quieren buscar sanciones por su cuenta sin tan siquiera conocer nada, de anónimos que se dedican a lanzar amenazas en forma de pintadas o personas con nombres y apellidos que irrumpen en sesiones plenarias para hacer lo mismo. Quien tiene el papel y la función de sentar justicia son los profesionales de este ámbito y no quienes quieren transformar esto en un motivo para generar mayor crispación.
MDyC consideró que debía denunciar el contenido de los mensajes y lo hizo. Su denuncia ha sido tenido en cuenta por la Fiscalía, siguiéndose el camino acertado, el de hacer las cosas bien de manera prudente y acudiendo a los lugares a los que hay que acudir. Todo lo demás sobra, no hace sino causar más conflicto y calentar aún más los ánimos. Dejemos a la justicia seguir sus pasos, conocer qué ha pasado y, de ser así, actuar en consecuencia.
