La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó sentencia condenatoria por los daños causados, los desórdenes públicos y las lesiones provocadas por 9 inmigrantes en la entrada que se produjo el 26 de julio de 2018 por el vallado. Aquella madrugada hubo decenas de heridos en las filas de la Guardia Civil y entre los propios inmigrantes. Aquella entrada marcó un antes y un después en la forma de proceder de las personas que querían acceder a nuestra ciudad y que llevaban meses intentando sin éxito el pase. Tras existir una conformidad entre las partes, es decir, después de que los propios subsaharianos reconocieran su implicación en los delitos -algo que debe ser tenido en cuenta ante posteriores interpretaciones de lo ocurrido- la Audiencia puso negro sobre blanco las penas acordes a los delitos asumidos. Aquí no se ha sentenciado la entrada masiva de personas -como algunos quisieron interpretar considerando este fallo un precedente para otros accesos a territorio nacional- sino unas actuaciones atentatorias contra lo recogido en el Código Penal que salieron a la luz porque hubo una investigación de la Guardia Civil detrás, en la que trabajaron de forma muy profesional los agentes de Policía Judicial e Información de Ceuta. Unidades que trabajaron al detalle hasta culminar la llamada Operación Yebala. Esto es lo que ayer se condenó, las actuaciones delictivas que afloraron porque hubo unos agentes de la Guardia Civil que investigaron esa entrada y pudieron conseguir lo que en muchas otras ocasiones es imposible: dar con los implicados.
Una buena parte de los medios de comunicación ha optado por hacer una interpretación torcida de lo ocurrido, considerando que se condenó un salto masivo, como si por azar se hubiera dado pie a este procedimiento judicial. Obviando, por tanto, todo el trabajo que ha habido detrás de este asunto, las investigaciones complicadas en las que se invirtieron muchas horas y la reunión de indicios suficientes que llevó a una identificación muy compleja.
