El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, vino a decir en la jornada de ayer que, ahora mismo, el Ejecutivo del presidente Vivas no está trabajando en el tema de recuperar la Disposición Transitoria Quinta que permite a las ciudades de Ceuta y Melilla convertirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos y lo aprueban las Cortes Generales.
Venía como consecuencia de que el presidente de la Ciudad Autonomía de Melilla, Eduardo de Castro, dijo el otro día que se mostraba partidario de iniciar el citado proceso, después de toda la polémica que se ha producido en torno a la sentencia del Tribunal Supremo que no permite a las dos ciudades contar en sus respectivos Consejos de Gobierno con consejeros y viceconsejeros que no sean electos. Además transmitió que era una idea que se la iba hacer llegar al presidente Vivas.
De manera independiente a que la conversación se haya producido o no se haya producido, los dos gobiernos no pueden descartar, bajo ningún concepto, la necesidad de que después de veinticinco años de funcionamiento de los estatutos de autonomía, que se cumplen el próximo mes de marzo, se cree la necesidad de dar un paso más, abandonando ya los sustos que cada cierto tiempo dan las sentencias judiciales.
Todos sabemos las razones que llevaron a cerrar en el año 1995 el mapa autonómico con la concesión de los estatutos a las dos ciudades, pero el tiempo pasa y también los miedos de otra época no son ya trasladarles a la actual.
Aquí pueden querer lo que se les antoje. La Constitución expresa claramente la necesidad y obligación de que lo aprueben las Cortes Generales. Ese condicionante no se va a repetir por mucho que se quieran empeñar en las dos ciudades autónomas. Como si se visten de faralaes los días pares. En Madrid se ven las cosas de otra manera, y muy diferente a las tesis autonómicas.