El mantenimiento de los centros educativos abiertos y las clases presenciales ha sido un gran acierto que ha podido conseguirse en buena medida gracias al esfuerzo de docentes, alumnos y familias y a las medidas preventivas adoptadas, que han convertido los colegios e institutos en espacios seguros por los que ha circulado pero no se ha propagado la COVID-19. En el peor momento de la pandemia en términos de extensión de contagios por la aparición de la variante ómicron, con más de 1.500 estudiantes y docentes cuarentenados como positivos o contactos estrechos de contagiados, el Ministerio debe ser capaz de garantizar el sostenimiento de la actividad lectiva en los centros en las mejores condiciones posibles.
Sobre todo para evitar seguir causando perjuicios a la población escolar a la espera de diagnosticar a fondo todavía los ocasionados por el periodo de confinamiento, pero también para asegurar el mantenimiento de la rutina social y económica, especialmente la de aquellos para quienes el confinamiento en caso de aislamiento no es una opción.
Para conseguirlo es necesario garantizar la cobertura de las bajas docentes que se produzcan, algo que el Ministerio asegura que está logrando con más holgura incluso que el año pasado gracias al cupo itinerante reservado con previsión a tal efecto, y que el resto de los agentes educativos velen por ello sin caer en el tremendismo.
También proporcionar a todos los trabajadores del ámbito educativo (no sólo docentes) y estudiantes (sobre todo a aquellos con menos recursos) el acceso a los equipos de protección individual mínimos indispensables como las mascarillas.
La comunidad educativa ha sabido lidiar con dificultades añadidas como dos inviernos con las ventanas de las aulas abiertas y tendrá que enfrentarse al desafío de paliar los daños de cientos de jornadas lectivas, afecciones a la Salud Mental de pequeños, mayores, etcétera, y en este momento tiene que contar con todo el respaldo y los medios que necesita para desarrollar su misión crucial.
