No resulta en absoluto extraño que en un proceso de expropiación forzosa haya titulares de terrenos, inmuebles o cualquier otro tipo de propiedades afectadas que no estén de acuerdo con la indemnización propuesta por la Administración. Incluso puede darse el caso en que la consideren justa y aún así aspiren a obtener un beneficio mayor se muestran su oposición al proceso y el asunto acaba en los juzgados. No es raro este tipo de dificultades cuando se acometen inversiones como la que se va a llevar a cabo en la carretera N-352 para su remodelación. Y menos sorprendente aún puede ser para los responsables de Fomento, ya que esta clase de ‘imprevistos’ forman parte del trabajo del ministerio que, por sus funciones, más inversiones de este tipo ponen en marcha.
Por lo tanto, si esta inversión, que busca mejorar la circulación en esta vía que lleva a la frontera del Tarajal y que sufre retenciones crónicas, se ve retrasada por dos propietarios que no está conformes con las indemnizaciones que se les ofrece, el retraso no debería se excesivo. Al menos tendría que serlo si tenemos en cuenta la necesidad de acometer cuanto antes esas obras de mejoras y si la responsabilidad de ejecutarlas corresponde a un ministerio con experiencia suficiente en estas lides.
Y por otra parte, si tenemos en cuenta el tiempo que este proyecto lleva encima de la mesa aguardando a resolver distintos trámites antes de que los operarios se pongan manos a la obra, resulta un tanto incomprensible que esa espera no haya sido aprovechada para ir allanando el terreno de modo que el proceso de expropiación no sea un trámite que contribuya a nuevos retrasos cuando el resto ya esté solucionado.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, expresó al presidente Juan Vivas su intención de viajar en breve a Ceuta durante una reciente entrevista de ambos. Quizás esa visita sirva para que el ministro vea cuál es la realidad diaria de esa carretera y para convencer a los responsables en Madrid de la necesidad de acometer la obra cuanto antes.
