La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta se enfrentó ayer a uno de esos juicios que nunca deberían haberse celebrado, porque no hay corazón que aguante la monstruosidad que puede llegar a cometer un ser humano. Supo conjugar de una manera adecuada y respetuosa el derecho a la información y la protección a las víctimas de los abusos sexuales reconocidos por el autor confeso. Unas niñas protegidas por sus familias, unas familias que han sufrido en silencio todo este tiempo y que debían encontrar el consuelo de la Justicia frente a unos delitos que no pueden ser permitidos, sobre los que debe caer todo el peso de la ley. El Ministerio Público lo recordó en su exposición: estos delitos no pueden quedar impunes, dijo, mencionando el lema del Día Internacional de los Derechos del Niño: “Mi cuerpo es un tesoro”. No era un juicio fácil, no lo era para nadie. Y el tribunal y todos los profesionales presentes consiguieron dirigir un proceso que debe perseguir un único fin: hacer justicia, llevar a esas familias un consuelo que no es otro que el saber que el sistema funciona y que existe un arco de penas para castigar con cárcel unos comportamientos tan reprochables. La Policía Nacional investigó este caso, actuó adecuadamente; el equipo de psicólogos, forenses y el grueso de profesionales de la judicatura encauzaron una instrucción que ha terminado en este juicio. La coordinación funcionó.
Una sociedad debe tener los mecanismos adecuados para castigar unas desviaciones que no caben ni en nuestra sociedad ni en nuestro concepto de ser humano. El dolor de las familias permanece ahí, fue un día complicado para todas ellas, pero deben tener el pleno convencimiento de que hay profesionales que están allí para, con su acción castigadora, ofrecer algo de aliento a todas ellas.
