La decisión de la Consejería de Fomento de analizar la posibilidad de incrementar los horarios de cierre de las terrazas con el objetivo de mitigar las pérdidas que tuvieron durante los meses de cierre es un derecho que tienen los empresarios y casi una obligación por parte de la Ciudad Autónoma de apoyar a estos profesionales que tan mal lo han pasado en este tiempo. Sin embargo, resulta que también existen otros derechos que no pueden ser conculcados y que son los de los vecinos que habitan en los pisos cerca de las mencionadas terrazas. El mismo consejero de Fomento, Alberto Gaitán, ha señalado que los técnicos están estudiando las ordenanzas para ver cómo se pueden conjugar estos derechos con lo establecido, por ejemplo, en la ordenanza de ruidos. Es un tema muy complicado porque no es nada fácil que los platillos de la balanza no se desvíen hacia un lado o hacia otro. Confiemos en que la decisión sea la más justa posible por parte de la mencionada Consejería de Fomento y de sus propios técnicos. Por tanto, es una verdadera ‘patata caliente’ que no cuenta con una fácil resolución. El principal problema es el propio comportamiento de los clientes que acuden a estas terrazas y que, en muchas ocasiones, no saben comportarse cuando llegan esas horas difíciles.
