La visita del portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a nuestra ciudad para apoyar a los candidatos de su formación política de cara a las elecciones del próximo veintiocho de abril ha sacado nuevamente a la luz un tema que se encuentra pendiente de solución por parte de la Administración General del Estado. Hablamos claramente del incremento de los sueldos de los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es decir, hablamos del cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil con el anterior Gobierno y donde se habló de un incremento que estaba previsto que fueron acumulado en tres años. Sin embargo, esa primera partida que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado no se ha llevado a cumplimiento y parece incluso que el actual Gobierno esconde una auditoría que fue encargada, que está redactada y que no se quiere entregar a los legítimos representantes de policías nacionales y guardias civiles. De todas maneras, lo que no se puede jugar por parte de todos los partidos políticos son con decenas de miles de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están plenamente legitimados para que sus sueldos sean equiparables a los que perciben sus compañeros de las policías autonómicas. Unos sueldos que no pueden jugar en función de que nos encontremos o no en campaña electoral. También es necesario un cambio legislativo para que próximas subidas no estén pendientes de cuestiones relacionadas con los pensamientos de uno u otro partido. Son derechos inalienables por parte de unos servidores públicos que están al servicio de todos.
